Devaluación del  poder presidencial

El martes 4 de mayo, la Corte Suprema asestó un nuevo golpe a la maltrecha autoridad del Presidente, falló en contra de un decreto de necesidad y urgencia suscripto veinte días antes por Alberto Fernández y zanjó de ese modo la pulseada político-jurídica entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño.

En cualquier caso, ese fallo no es el único ni el principal revés que Fernández ha sufrido en estos meses: al fin de cuentas, una decisión judicial puede por naturaleza ser favorable o desfavorable; perder en ese ámbito institucional está dentro de lo posible. Si judicializar las decisiones es ya una derrota de la política, alzarse contra las sentencias es una calamidad. La derrota no es buena, pero quien sabe asimilar el impacto negativo obtiene al menos el premio consuelo de saber perder en buena ley, un mérito que suaviza un poco el golpe.

Moyano en la frontera

El tema central de la vacunación -un punto flojo para el Gobierno, aunque las causas de esa deficiencia no sean plenamente propias- había eclipsado por momentos otras evidencias de disgregación.

En Paso de los Libres, provincia de Corrientes, militantes del sindicato de Camioneros asumieron de facto funciones de autoridad sanitaria y cerraron el paso fronterizo a Uruguayana (Brasil), por donde transitan 1.000 camiones diarios, con el argumento de que los camioneros de Brasil se niegan a realizar el test de PCR o presentan -según el gremio que lidera Hugo Moyano- "análisis de antígenos de dudosa procedencia, en un contexto que tiene al país vecino como principal foco de infección de la nueva cepa de Manaos" .

En rigor, del lado brasilero camioneros autoconvocados de ese país cerraban a su vez el paso a los camiones argentinos. El sindicato de Hugo Moyano decidió actuar porque "la Aduana Argentina seguía despachando camiones a pesar del no ingreso de los camiones procedentes de Argentina hacia territorio brasileño, y de conocer plenamente la situación alarmante proveniente de Brasil".

Lo que quedó en evidencia fue que el Estado argentino era reemplazado de hecho (al menos momentáneamente) en ese punto de la frontera con el principal socio del país y que la intervención fáctica consiguió el objetivo: "Luego de una semana de intensos reclamos -declararon los camioneros- la organización gremial logró la unificación de criterios con Brasil, Paraguay y Chile para exigir la realización de los PCR a los choferes en Paso de los Libres. Con el objeto de garantizar su veracidad, el procedimiento será controlado por la Gendarmería".

El Estado apareció en el último capítulo.

Piquetes en Vaca Muerta

Antes aún, una situación más compleja pero de idéntica índole se manifestó en la Patagonia. Motorizado por un sector de trabajadores esenciales (sanitarios autoconvocados de Neuquén), un reclamo salarial saltó a las rutas y mantuvo paralizada la zona de Vaca Muerta, centro de las expectativas energéticas del país.

El Gobierno nacional decidió encuadrar la situación como un problema provincial que debía ser resuelto por el gobernador Omar Gutiérrez, adscripto al Movimiento Popular Neuquino. Aunque el tema sindical sea, en primera instancia, de naturaleza provincial (el personal involucrado depende de la Provincia y ésta había acordado la cuestión salarial con la sección local de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nacionalmente sostiene al kirchnerismo), los trabajadores sanitarios cuestionaron a esa conducción gremial, repudiaron el acuerdo, llevaron su protesta a las calles y, el 25 de marzo, a las rutas.

Los autoconvocados alegan que se les debe el porcentaje de aumento del último trimestre de 2019, todo 2020 y lo que va de 2021 y se quejan por la falta de personal y equipamiento, con personal que está en primera línea de la pandemia y su movilización encontró respaldo en parte de la población civil de la capital neuquina, que participó en masivas manifestaciones y marchas de antorchas, acompañando la toma de varias rutas que se inició el 7 de abril, se mantuvo por semanas y todavía sobrevive en algunos puntos.

En este aspecto, la reivindicación trascendía notoriamente la lógica provincial: el cerco sobre Añelo, la "capital" de Vaca Muerto y el bloqueo al tránsito de camiones desde y hacia los yacimientos (así como en el camino de tránsito a Chile) tocaba cuestiones estratégicas del país, como su seguridad energética. El conflicto generó pérdidas calculadas en 450 millones de dólares en Vaca Muerta; la Nación tendrá que importar más combustible que el que ya estaba previsto y deberá usar para ello dólares que no abundan.

También ante este asunto el Gobierno nacional se mostró lejano y ausente. La autoridad que no se ejerce termina evaporándose.

La autoridad que se evapora

El Presidente perdió un mes atrás a su ministra de Justicia -su amiga Marcela Losardo-, que se sintió abrumada y mal defendida ante las presiones ejercidas sobre ella por el ala jacobina del oficialismo. Ahora, su ambigüedad en el episodio del subsecretario Federico Basualdo ha puesto sobre el tapete la posibilidad de perder -por motivos análogos- al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Una primera clave del conflicto es la actualización de las tarifas eléctricas o -visto desde otra perspectiva- la reducción de los subsidios al consumo de energía eléctrica que incrementan el déficit del Estado. Las metas fiscales que el ministro se ha fijado para este presupuesto contemplan un achicamiento de los subsidios y -consecuentemente- que las partes del consumo eléctrico que ahora financia el Estado vuelvan paulatinamente a ser sufragadas por los consumidores.

La incidencia de los subsidios sobre el gasto público es muy alta y tiene un peso considerable sobre la inflación, ya que -sin financiamiento- se sostienen con emisión. Guzmán ha planteado la necesidad de que los aumentos tarifarios sean realistas a dos puntas: que atiendan las necesidades de operación de las empresas y que no asfixien a los usuarios.

El ministro propuso que la tasa de incremento que perciban las empresas no recaiga de modo parejo sobre todos los usuarios, sino que los aumentos sean segmentados. Guzmán encontró resistencias para aplicar esa política en un sector de sus subordinados liderado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo -un sociólogo que llegó a esas funciones en virtud de su pedigree kirchnerista-, que se ha opuesto a convalidar aumentos a la facturación eléctrica “porque las empresas ya ganaron muchísimo con Macri”. Guzmán no sólo cuestionó la desobediencia ideológica de Basualdo, sino su negligencia práctica: no habría elaborado los estudios para aplicar la segmentación tanto de aumentos como de subsidios.
En esas condiciones, el ministro propuso al jefe de Gabinete y al presidente reemplazar a Basualdo y avanzar en el primer aumento tarifario del año (un 9 %). El aumento salió, pero la remoción de Basualdo se empantanó pese a que contaba con la aprobación de Fernández y de Santiago Cafiero. Desde el sector que respalda a Basualdo se negó tanto el alejamiento del funcionario como que se le hubiera pedido la renuncia. El ministro no habría tomado en cuenta que echar a un subsecretario ultrakirchnerista requiere el cumplimiento de protocolos excepcionales. Por supuesto, que el presidente se vea forzado a acatar o admitir esos protocolos y esos desmentidos es un síntoma significativo. 
Si la convalidación del “primer aumento” tarifario propuesto por Guzmán pareció indicar que el presidente había decidido sostener la postura de su ministro, la permanencia en su cargo del resistente Basualdo lo pone en duda. 

Triunfo jacobino

La primera alternativa implicaría que el Gobierno se aferra a la búsqueda de los objetivos de Guzmán para equilibrar paulatinamente el desorden de las cuentas. Esos objetivos sostienen la expectativa de un acuerdo con el FMI, una condición para que la economía, más allá del rebote que se diagnostica para este año pueda mantenerse lejos de la terapia intensiva. La vacilación, la demora en tomar una decisión, debilita simultáneamente a Fernández y a su ministro. Dejar sin apoyo claro en estas circunstancias -frente a la resistencia de los jacobinos K- la posición de Guzmán, puente hacia el FMI, es decir hacia una política de conexión con la economía mundial, reducirá aún más las bases de sustentación del presidente y con ello, su autoridad política y las condiciones de la gobernabilidad. 
 

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