Cada vez hay más gente se que instala en las alrededor de 10 hectáreas ocupadas en Anta. Como se sabe, se trata de tierras pertenecientes a La Moraleja, el mayor emprendimiento citrícola de la provincia, cuya cabecera está en Apolinario Saravia, pero las tierras ocupadas están en Las Lajitas.
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Cada vez hay más gente se que instala en las alrededor de 10 hectáreas ocupadas en Anta. Como se sabe, se trata de tierras pertenecientes a La Moraleja, el mayor emprendimiento citrícola de la provincia, cuya cabecera está en Apolinario Saravia, pero las tierras ocupadas están en Las Lajitas.
Allí, el miércoles de la semana pasada ingresaron unas 50 personas con carpas y lonas, que se pusieron a armar ranchos improvisados en los que llevan asentados desde entonces. En medio de un precariedad total, como si de un gigantesco camping informal se tratara, cientos de carpas proliferaron desde entonces ante la pasividad de la policía, que solo se dedicó a controlar que no haya mayores desbordes.
El intendente local, Fernando Alabi, informó a El Tribuno que estuvo realizando ingentes gestiones en Salta para tratar de llevarle alguna solución a los okupas. Sin embargo, no hubo anuncios oficiales.
"La postura del Gobierno provincial es clara y contundente", dijo el jefe comunal lajiteño. Y amplió: "Los okupas no podrán ser de ningún modo beneficiarios de loteo social alguno".
"Por eso los invitamos a desocupar de forma pacífica el predio, porque ya hay acciones legales en curso y es muy posible que la Justicia termine ordenando a la fuerza pública que despeje el predio", advirtió.
Más adelante el intendente Alabi recordó que "desde hace un año, casi desde que asumimos, venimos gestionando ante la Provincia y ante los propietarios de La Moraleja un arreglo para poder contar con las tierras necesarias para ampliar el ejido urbano".
"Pero todo eso se vio interrumpido ahora por el accionar ilegal de unos cuantos vecinos, que para colmo fueron públicamente arengados por legisladores provinciales para que no abandonen el predio", agregó.
Alabi se mostró preocupado porque "la gente no quiere entender que se trata de terrenos privados que deben ser desocupados de inmediato, porque la Justicia está a punto de ordenar el desalojo".
Y aclaró que hay gente que afirma que son una familia, cuando en muchos casos se trata de jovencitas adolescentes con un hijo, que siguen viviendo en las casas de sus padres porque no tienen trabajo ni como mantenerse por sí mismas, mucho menos con ingresos para levantar una casa".
"Por eso nosotros los invitamos a que abandonen el predio por las buenas, porque en medio de un ocupación ilegal no hay forma de que el Gobierno provincial se avenga a darles una solución", insistió.
"Es impensable que el gobernador Gustavo Sáenz acepte otorgar terrenos a gente que hace ocupaciones ilegales de tierras privadas", abundó el intendente lajiteño.
Claramente, en Anta hay un movimiento okupa fogoneado por políticos que están viendo esfumarse sus posibilidades electorales por imperio de buenas gestiones comunales.
Finalmente, hay que reconocer que en Las Lajitas faltan tierras para lotear por imperio del enorme crecimiento que experimentó el pueblo desde hace 15 años, cuando los grandes emprendimientos agrícolas disfrutaron del boom de la soja, lo que atrajo a mucha gente a instalarse en el corazón del departamento Anta.
Pero eso no puede resultar óbice para que un grupo de afiebrados dirigentes instiguen a la gente con necesidad a ocupar displicentemente tierras privadas.
Instan a una mediación
La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, investiga la denuncia radicada el miércoles 26 de mayo por el apoderado de la firma La Moraleja, por la ocupación de terrenos. Se estima que entre 800 y 1.000 personas permanecen en el predio. La fiscala solicitó a la jueza de Garantías de J. V. González, Patricia Rahmer, la prohibición de ingreso y medida de innovar, las cuales fueron otorgadas por la magistrada.
En las mismas actuaciones surgió que la noche del sábado 29, llegaron al predio el diputado Marcelo Paz y el senador Marcelo García y se reunieron con las familias asentadas.
El apoderado de la firma amplió la denuncia por la ocupación en un segundo terreno y dejó constancia que parte de las tierras ya fueron donadas a la comuna, con destino a viviendas.
La fiscala pidió, además, a la Provinca que refuerce la comisaría local.