La politiquería arruinó el homenaje al bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. No es que fracasó un festejo: los términos de la renuncia del médico Francisco Aguilar al Comité Operativo de Emergencia hablan por sí solos de que la administración, tanto a nivel nacional como provincial, no está a la altura de la gravedad de la emergencia sanitaria del país, de los sacrificios que ha hecho la población y del saldo inapelable de casi 90 mil muertos provocados por la pandemia.
La violación del distanciamiento social y de las restricciones impuestas por un decreto nacional estuvo a cargo, en esta ocasión, del propio presidente, Alberto Fernández, que accedió a encontrarse en el hotel donde se alojaba con un grupo de manifestantes que atravesó todas las barreras de seguridad, con la participación de la diputada nacional kirchnerista Verónica Caliva. Es evidente, además, que las autoridades provinciales permitieron esa y otras movilizaciones, entre ellas la de los simpatizantes de Milagro Sala y las que fueron alentadas por legisladores y dirigentes de la oposición para repudiar la presencia en Salta del primer mandatario.
En esto no hubo grieta: todos dejaron de lado los protocolos sanitarios. Y todos prescindieron del sentido más profundo del homenaje a Güemes.
La memoria del primer gobernador de Salta elegido por el pueblo es, además, el recuerdo de un verdadero patriota, un estadista fundamental y una figura cuyo relieve político y ético debería estar por encima de todas las otras diferencias.
Güemes, entiéndase bien, no es patrimonio de los gauchos. La suspensión del desfile tradicional no debió generar conflicto alguno y la posición desafiante y verbalmente violenta que asumió el presidente de la Agrupación Tradicionalista, Francisco Aráoz, tampoco honra al patriota.
Pero el homenaje, que era imprescindible, no tuvo la dimensión que correspondía. Hace un año ya se sabía que, seguramente, no habría desfile. Con imaginación y compromiso, el Gobierno provincial tuvo tiempo de organizar una serie de homenajes, de proyección nacional e internacional, a través de los medios, con publicaciones, con participación de las universidades y entidades históricas y con espectáculos artísticos de envergadura. También pudo haberse planificado una guardia bajo las estrellas diferente, a lo largo de las avenidas Virrey Toledo e Hipólito Yrigoyen, y en Paseo Güemes, con distanciamiento social y presencia de todas las entidades que quisieran participar.
Nada de eso hubo. Se ignoró a la historia. No se trata de tradicionalismo. La deconstrucción de la historia, que pretende negarla, reescribirla o desvirtuarla es un mal de este tiempo. Es el fruto de una cultura desencantada con la democracia del siglo XIX, fenómeno del que participan el progresismo decadentista y el tradicionalismo conservador, aunque sean corrientes que se aborrecen mutuamente.
Porque la otra cara de este doloroso aniversario es la denuncia de Aguilar y de otros médicos sobre la “politización de la pandemia”. No se trata de una ocurrencia circunstancial.
La torpeza con que se suspendieron las clases presenciales, se establecieron promociones compulsivas y se postergaron las evaluaciones son también síntomas de esa politización.
La pésima gestión de las vacunas, condicionada por los intereses personales de los funcionarios o por el uso geopolítico de la salud pública (que llevó a rechazar determinadas procedencias y a privilegiar otras) ha colocado a la Argentina entre los países que peor gestionó la pandemia.
Ese es el mensaje de Francisco Aguilar: la política subordinó la salud a la conveniencia.
Es evidente que en el opaco homenaje a Güemes se cometieron irregularidades, pero son las mismas que se vienen observando en todo el país desde que el coronavirus se convirtió en actor político.
Todas las miradas están puestas ahora en el ministro de Seguridad, Manuel Pulleiro. No solo el acto público y los protocolos sanitarios forman parte de la seguridad que debe brindar el Estado: la concurrencia del presidente de la Nación obliga, siempre, a adoptar medidas estrictas. Y esa responsabilidad no es delegable.
Aguilar renunció por la politización de la salud pública; Pulleiro debería demostrar que el 17 de junio no se politizó también el funcionamiento de la Policía.
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La politiquería arruinó el homenaje al bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. No es que fracasó un festejo: los términos de la renuncia del médico Francisco Aguilar al Comité Operativo de Emergencia hablan por sí solos de que la administración, tanto a nivel nacional como provincial, no está a la altura de la gravedad de la emergencia sanitaria del país, de los sacrificios que ha hecho la población y del saldo inapelable de casi 90 mil muertos provocados por la pandemia.
La violación del distanciamiento social y de las restricciones impuestas por un decreto nacional estuvo a cargo, en esta ocasión, del propio presidente, Alberto Fernández, que accedió a encontrarse en el hotel donde se alojaba con un grupo de manifestantes que atravesó todas las barreras de seguridad, con la participación de la diputada nacional kirchnerista Verónica Caliva. Es evidente, además, que las autoridades provinciales permitieron esa y otras movilizaciones, entre ellas la de los simpatizantes de Milagro Sala y las que fueron alentadas por legisladores y dirigentes de la oposición para repudiar la presencia en Salta del primer mandatario.
En esto no hubo grieta: todos dejaron de lado los protocolos sanitarios. Y todos prescindieron del sentido más profundo del homenaje a Güemes.
La memoria del primer gobernador de Salta elegido por el pueblo es, además, el recuerdo de un verdadero patriota, un estadista fundamental y una figura cuyo relieve político y ético debería estar por encima de todas las otras diferencias.
Güemes, entiéndase bien, no es patrimonio de los gauchos. La suspensión del desfile tradicional no debió generar conflicto alguno y la posición desafiante y verbalmente violenta que asumió el presidente de la Agrupación Tradicionalista, Francisco Aráoz, tampoco honra al patriota.
Pero el homenaje, que era imprescindible, no tuvo la dimensión que correspondía. Hace un año ya se sabía que, seguramente, no habría desfile. Con imaginación y compromiso, el Gobierno provincial tuvo tiempo de organizar una serie de homenajes, de proyección nacional e internacional, a través de los medios, con publicaciones, con participación de las universidades y entidades históricas y con espectáculos artísticos de envergadura. También pudo haberse planificado una guardia bajo las estrellas diferente, a lo largo de las avenidas Virrey Toledo e Hipólito Yrigoyen, y en Paseo Güemes, con distanciamiento social y presencia de todas las entidades que quisieran participar.
Nada de eso hubo. Se ignoró a la historia. No se trata de tradicionalismo. La deconstrucción de la historia, que pretende negarla, reescribirla o desvirtuarla es un mal de este tiempo. Es el fruto de una cultura desencantada con la democracia del siglo XIX, fenómeno del que participan el progresismo decadentista y el tradicionalismo conservador, aunque sean corrientes que se aborrecen mutuamente.
Porque la otra cara de este doloroso aniversario es la denuncia de Aguilar y de otros médicos sobre la “politización de la pandemia”. No se trata de una ocurrencia circunstancial.
La torpeza con que se suspendieron las clases presenciales, se establecieron promociones compulsivas y se postergaron las evaluaciones son también síntomas de esa politización.
La pésima gestión de las vacunas, condicionada por los intereses personales de los funcionarios o por el uso geopolítico de la salud pública (que llevó a rechazar determinadas procedencias y a privilegiar otras) ha colocado a la Argentina entre los países que peor gestionó la pandemia.
Ese es el mensaje de Francisco Aguilar: la política subordinó la salud a la conveniencia.
Es evidente que en el opaco homenaje a Güemes se cometieron irregularidades, pero son las mismas que se vienen observando en todo el país desde que el coronavirus se convirtió en actor político.
Todas las miradas están puestas ahora en el ministro de Seguridad, Manuel Pulleiro. No solo el acto público y los protocolos sanitarios forman parte de la seguridad que debe brindar el Estado: la concurrencia del presidente de la Nación obliga, siempre, a adoptar medidas estrictas. Y esa responsabilidad no es delegable.
Aguilar renunció por la politización de la salud pública; Pulleiro debería demostrar que el 17 de junio no se politizó también el funcionamiento de la Policía.
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