Ida y vuelta judicial  por el desborde del  acto del 17 de junio

Los fiscales penales provinciales Ramiro Ramos Ossorio y Facundo Ruiz de los Llanos elevaron las actuaciones a la Unidad Fiscal Federal Salta con la intención de declinar la competencia para que la investigación por los desbordes del acto por el bicentenario de Güemes quede en manos de la Justicia Federal. Ayer,la Unidad Fiscal Federal respondió a través de un oficio pidiendo que la declinación debe ser firmada por un juez de Garantías. Ramos Ossorio confirmó que hoy llevarán adelante ese procedimiento y volverán a remitir el expediente. No obstante, sostuvo que en otros casos y con otras fiscalías de otra provincia no fue necesaria la intervención de un juez, siempre y cuando no se haya solicitado una medida cautelar en el caso.

La causa se había abierto el viernes pasado tras el pedido del gobernador Gustavo Sáenz para determinar quién dio la orden de dejar pasar a la zona del monumento a organizaciones kirchneristas.

Ese hecho pudo poner en riesgo la seguridad presidencial y además hubo incumplimientos a las restricciones establecidas por la pandemia. En ese entonces se analizaba incluso un posible incumplimiento de deberes de funcionario público del ministro de Seguridad, Juan Pulleiro.

Al funcionario, según videos que también tiene la fiscalía, se lo ve ante los militantes sin reaccionar y hacer cumplir la restricción horaria que regía desde las 23. Los militantes tampoco respetaron el distanciamiento social. Más allá de quién dio la orden, eso es un accionar que amerita una investigación. Por ahora toda la causa, con sus posibles hipótesis, se elevará hoy nuevamente a la Justicia Federal.

El fiscal federal Carlos Amad confirmó ayer a El Tribuno que ingresó el expediente enviado por los fiscales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos. No obstante, hizo notar que correspondía que la incompetencia sea declarada por un juez de Garantías. Entonces, informó que se les respondió con un oficio en el que se expresa que "toda declaración de incompetencia, por ser de orden público, es un acto típicamente jurisdiccional, no correspondiendo, por lo tanto, su declaración al Ministerio Público Fiscal". "Imagínese si aceptáramos, caeríamos en un absurdo. Todo esto requiere la intervención de un juez de Garantías", enfatizó Amad.

"Una vez que se cumpla ese paso y llegue todo, nosotros analizaremos si es competencia federal o no, también con la intervención de un juez. Hay que observar los hechos con respecto al territorio y a la materia", agregó Amad.

"Nosotros entendemos que es absolutamente válido el pase de fiscalía a fiscalía, de hecho siempre trabajamos así. No solo con la fiscalía de Salta sino con otras del resto del país", aseveró anoche a este medio Ramos Ossorio.

Sostuvo que tal procedimiento se lleva de ese modo siempre, "en tanto y en cuanto no se hayan solicitado medidas cautelares o haya intervenido un juez de Garantías. Si ya intervino un juez, porque se pidió una detención o un secuestro, ahí si se debe pedir que él defina la competencia". Ese día estaba de turno la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez.

No obstante, Ramos Ossorio dijo que solicitarán a la magistrada "que declare la incompetencia" para remitir el expediente "con los recaudos solicitados por la Justicia Federal a los fines de evitar mayores dilaciones".

Según se informó oficialmente desde el Ministerio Público, los fiscales, al declinar la competencia, pidieron a la Justicia Federal "que se determine quién o quiénes fueron los autores de los procederes que eventualmente podrían haber infringido el Código Penal por incumplimiento de sus facultades y abuso de autoridad. Esto es así, dado que si existió actuación de funcionarios nacionales y se trata de la seguridad del Presidente de la República, surge la intervención de la Justicia Federal, conforme la normativa vigente".

Desde la Unidad Fiscal Federal, en tanto, respondieron que una vez que se dé intervención a la jueza se vuelvan a remitir "las actuaciones a fin de que, por la vía pertinente, se inste la actividad jurisdiccional y el tribunal que corresponda se pronuncie, en el caso, sobre la competencia".

La noche del 16 de junio se realizó una vigilia en el monumento a Güemes encabezada por el presidente Alberto Fernández. En la avenida Bicentenario, alrededor de las 23, se desarrolló una manifestación contra el mandatario nacional. Luego, pasada la medianoche, organizaciones kirchneristas se acercaron hasta la zona del monumento, sin que nadie los haya retenido cuadras antes.

A pocas cuadras del monumento un cordón policial retuvo el avance de los militantes, hasta que alguien dio la orden de dejarlos pasar. El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, que estaba en el lugar, apuntó a dos funcionarios nacionales de la Casa Militar. Los simpatizantes de Fernández pudieron llegar hasta el hotel donde se hospedaba el jefe de Estado

Todo igual en Casa Militar

Hasta ahora no hay novedades de ninguna medida contra los dos funcionarios nacionales que se ven en los videos minutos antes que se libere el paso a los militantes de organizaciones kirchneristas. “Sigue todo igual”, dijeron fuentes consultadas por este medio. A nivel nacional buscan bajar los decibeles a la polémica. 
En varias imágenes se observa con claridad al director de Operaciones de la Casa Militar, capitán de fragata Gonzalo Gordillo. El funcionario, recordemos, estuvo en los incidentes que se registraron durante el velatorio de Diego Armando Maradona. 
El ministro Pulleiro había contado que cuando estaban los manifestantes en el pasaje Zorrilla y avenida Bicentenario “bajaron cinco funcionarios de Casa Rosada” que estaban en el hotel con el presidente de la Nación. Pulleiro afirmó que este grupo estaba encabezado por “Néstor Moccia”, que trabaja en la Secretaría General de la Presidencia, y fue de parte del secretario general Julio Vitobello. Moccia fue junto a “oficiales de casta militar”. 
 

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