La jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, declaró la incompetencia en la causa que se abrió por el desborde en los actos del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes y giró finalmente las actuaciones a la Unidad Fiscal Federal Salta.
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La jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, declaró la incompetencia en la causa que se abrió por el desborde en los actos del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes y giró finalmente las actuaciones a la Unidad Fiscal Federal Salta.
El martes, los fiscales penales provinciales Ramiro Ramos Ossorio y Facundo Ruiz de los Llanos habían elevado el expediente a la Fiscalía Federal, pero esa unidad requirió que antes se pronuncie un juez de Garantías.
Al conocer la respuesta a través de un oficio, Ramos Ossorio expresó ese día a El Tribuno que en otros casos y con otras fiscalías de otra provincia no fue necesaria la intervención de un juez, siempre y cuando no se haya solicitado una medida cautelar en el caso.
El desmadre
La investigación se abrió el viernes pasado tras el pedido del gobernador Gustavo Sáenz para determinar quién dio la orden de dejar pasar a la zona del monumento a organizaciones kirchneristas, que pudieron llegar hasta el hotel donde se hospedaba el jefe de Estado, Alberto Fernández, en los primeros minutos del 17 de junio.
Los fiscales piden que se investigue el incumplimiento a las normas sanitarias establecidas por un DNU nacional y replicadas en resoluciones del Comité Operativo de Emergencias (COE).
Imágenes
En los videos que recopilaron los fiscales provinciales se ve al ministro de Seguridad, Juan Pulleiro, sin hacer cumplir los protocolos a los manifestantes. A esa hora, pasada las 23, no se podía circular por las restricciones.
Sobre la orden para dejarlos pasar a la zona del hotel, Pulleiro aseguró que fueron funcionarios nacionales los que la emitieron.
Luego de que la Unidad Fiscal Federal solicitara que la declaración de incompetencia sea resuelta por un juez de Garantías, ese procedimiento se concretó ayer, como lo adelantó El Tribuno.
Las actuaciones
"Es menester declinar la competencia hacia el fuero Federal, a fin de que dicha jurisdicción sea la que pueda continuar con la presente investigación, abierta de oficio, pero solicitada también públicamente por el gobernador (Gustavo Sáenz), a fin de que se averigüe con la mayor premura quiénes fueron los responsables de incumplir los protocolos sanitarios expresamente establecidos por el Comité Operativo de Emergencia y se determine quién o quiénes fueron los autores de los procederes que eventualmente podrían haber infringido el Código Penal por incumplimiento de sus facultades y abuso de autoridad", dijo la jueza Rodríguez.
Casa Militar y Policías
Los fiscales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos, mientras tuvieron la investigación remarcaron que conforme al decreto 648/2004, la Casa Militar y las delegaciones de la Policía Federal Argentina en el interior del país son las encargadas de cubrir la seguridad del presidente de la Nación.
Ello, sin perjuicio de que en el ámbito local -según el artículo 2º y concordantes de las ley 7742 y modificatorias-, la Policía de la Provincia de Salta ejerce sus funciones en todo el territorio provincial. Las únicas excepciones son los lugares sujetos exclusivamente a la jurisdicción federal, nacional, militar u otra fuerza policial o de seguridad”, se difundió oficialmente.
“Esto quiere decir que la Policía de la Provincia tiene autonomía legal y funcional, depende orgánicamente del Poder Ejecutivo Provincial y, según las circunstancias, puede actuar de común acuerdo, como complemento o coordinadamente con fuerzas policiales o de seguridad del Estado nacional”, comunicó el Ministerio Público días atrás. Pulleiro había dicho que la Policía se subordinaba a las fuerzas federales.