El juicio contra el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado y otros nueve imputados por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA dio inicio ayer en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº2.
inicia sesión o regístrate.
El juicio contra el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado y otros nueve imputados por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA dio inicio ayer en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº2.
La audiencia se transmitió por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación y empezó más tarde de lo previsto por problemas de conectividad, que persistieron durante toda la jornada, lo que dificultó el seguimiento de algunos tramos del proceso.
El planteo de la causa estuvo a cargo del juez Abel Fleming, presidente del Tribunal, acompañado por Gabriela Catalano y Domingo Batule.
Tras la identificación de los imputados y sus defensores, el fiscal Eduardo Villalba planteó la acusación que el Ministerio Público llevará adelante contra cada uno de los imputados durante una larga y, por momentos, reiterativa alocución.
Villalba trazó una comparación de la causa con una serie o película de Netflix, situación que fue aprovechada por el defensor de Prado para asegurar que la causa no tiene pruebas sólidas, sino que se basa en especulaciones más propias de una ficción que de hechos concretos y reales.
Al inicio de su exposición, el fiscal indicó que la sustracción de caños del gasoducto NEA en el norte de la provincia y del país fue una "maniobra burda", y que "se trata de un caso de corrupción paradigmático".
"Acá se va a conocer el valor de estos caños, que son oro en polvo, que colocados eran la tristeza de ver la obra paralizada, pero para los imputados fue un plato de papas fritas (sic) y que hicieron una maniobra para sustraerlos y venderlos y enriquecerse", afirmó Villalba, para agregar que se trata de "un caso de corrupción más corrupción; el Estado saqueando al Estado".
Indicó además que se iba a exponer el "cuerpo del delito, la protagonista de historia", que es la resolución 1215/19 de la Municipalidad de Aguaray, dictada por el entonces intendente Prado a poco de asumir, con la que, a su entender, dio cobertura para que se produzca la sustracción de los caños.
Villalba remarcó, asimismo, que su "intervención comenzó por la noticia publicada por el diario El Tribuno, donde el periodista Antonio Oieni expuso que se robaban los caños en el Gasoducto NEA".
A continuación el fiscal explicó detalladamente el papel de cada uno de los imputados en la causa y su rol en el entramado del desarme de una parte del gasoducto, la reducción de los caños y su posterior traslado a otros puntos del país.
Luego manifestó que a Prado se lo acusa de fraude a la administración pública en calidad de autor por la sustracción de al menos 228 caños del Gasoducto NEA, maniobra en concurso real con el delito de robo agravado. Mientras que a Fredy Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, se le aplica la misma imputación "a pesar de que tienen distintas responsabilidades".
Sobre Diego Alos sostuvo que es quien ideó el plan para sustraer los caños, por lo que se lo acusa de robo agravado, encomendado a Adrian Vera, también acusado de robo agravado en calidad de autor, al igual que Cristian Busec y Andrés Ayala.
Milton Saavedra y Bruno Degoy, por su parte, están acusados de robo agravado en calidad de partícipes necesarios; mientras que a Matías Rossi le imputan el delito de encubrimiento real agravado en calidad de autor, al haber adquirido caños provenientes de un delito.
Dante Rodriguez, por su parte, esta acusado de "sustracción de caños en paraje El Desemboque en noviembre de 2019".
"Tenemos un caso sólido y lo vamos a demostrar", aseguró Villalba, para luego anticipar que "será un caso emblemático de fin de impunidad".
Declaración interrumpida
En la primera audiencia algunos acusados quisieron declarar, pero la extensión de la jornada y los problemas de conectividad dificultaron el proceso, por lo que se pasó para la siguiente audiencia en momentos en que declaraba Céspedes, quien se defendió al asegurar que solo firmó la resolución porque estaba ausente el secretario de Gobierno.
Insisten con el saneamiento
El abogado defensor del exintendente Prado, Fernando Teseyra, expuso que la obra del gasoducto fue pensada en el año 2003 y que luego fue abandonada por el Estado nacional y la concesionaria, y que como restos de obra quedaron algunos caños, unos enterrados y otros no.
Resaltó que en 2019, “cuando el estado de abandono de los caños era evidente, Prado firmo la resolución 1215/19 y autorizó a remover los caños en su distrito para saneamiento ambiental”.
“Puede haber sido polémica la decisión, pero nunca hubo una motivación delincuencial”, dijo, y remarcó que “Prado es ingeniero en Medio Ambiente y conoce bien el pasivo ambiental”, en este caso “por el abandono del Estado nacional, acostumbrado a abandonar”.
Absolución
Teseyra expuso que luego hubo una “extralimitación de los autorizados y la equivocación del Ministerio Público, basado en conjeturas especulaciones y mentiras”.
Finalmente, el abogado anticipó que pedirá para el exintendente Jorge Prado la “absolución lisa y llana”.