Perú: el Vía Crucis  del poder que puede  debilitar al flamante  presidente Castillo

Pedro Castillo, el maestro rural de un lejano pueblo del interior andino que asumió el gobierno de Perú en coincidencia con la celebración del bicentenario de la independencia nacional, proclamada por José de San Martín en 1821, no tiene tiempo ni tampoco motivos para festejar. Antes de ingresar al palacio presidencial afronta simultáneamente dos grandes desafíos, uno por delante y otro por detrás: la obstrucción de un Congreso hostil, donde el oficialismo tiene apenas 37 de las 130 bancas, y una encubierta disputa por el poder con Vladimir Cerrón, un neurocirujano formado en Cuba, de ideología marxista leninista, fundador y líder de Perú Libre, partido que impulsó su candidatura y no oculta sus intenciones de dictar cada paso de su gestión.

En realidad Castillo podría considerarse afortunado si logra terminar su período constitucional. Durante el quinquenio anterior se turnaron cuatro presidentes: Pedro Kuczynski, quien había ganado las elecciones de 2016 y fue destituido por el Parlamento en 2018 por acusaciones de corrupción; Manuel Merino, que dimitió a los cinco días ante las protestas callejeras generadas por su nominación, Martín Segarra, también separado de su cargo por juicio político en 2020, y Francisco Sagasti. Peor aún fue la suerte corrida por sus anteriores predecesores en las últimas tres décadas: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) fueron a parar a prisión. El caso extremo fue Alan García (2006-2011), quien se suicidó en su domicilio cuando estaba a punto de ser detenido.

Esa debilidad de origen se manifestó incluso antes de la ceremonia de asunción. El Congreso eligió presidenta a María del Carmen Alva, una dirigente opositora del Partido Acción Popular, que derrotó por 60 votos a 10 a Rafael López Aliaga, postulado por un partido de ultraderecha. La bancada oficialista, aislada políticamente, ni siquiera presentó postulantes y se limitó a abstenerse en la votación. Detrás de esa maniobra parlamentaria estuvo la mano de Keiko Fujimori, la candidata perdidosa en la segunda vuelta electoral por apenas el 0,5% de los votos, quien nunca reconoció la legitimidad de la victoria de Castillo y amenaza con promover la formación de una comisión parlamentaria para investigar el fraude electoral.

Simultáneamente, en el congreso nacional partidario de Perú Libre, en presencia de Castillo, Cerrón pronunció un encendido discurso que fue casi una declaración de guerra. Advirtió que "el partido solo ha ganado el asiento en el Palacio. No nos engañemos. Tenemos que construir poder". Señaló que "en las horas más difíciles tiene que estar el partido. Si el gobierno dice vamos a pelear por una asamblea constituyente vía referéndum, es el partido el que tiene que conseguir las firmas. Si el gobierno está amenazado es el partido quien tiene que salir a defenderlo. Y si el gobierno se desvía es el partido quien tiene que rectificar la vía". Llamó también a constituir un "parlamento extraoficial en la calle, con las organizaciones del pueblo". Para que no quedaran dudas, recalcó que "la izquierda tiene que aprender a quedarse en el poder".

Los sectores empresarios, los medios de comunicación social, la clase media de Lima y una parte de los altos mandos militares no disimulan su temor ante el sesgo izquierdista del nuevo gobierno y alertan sobre el peligro de que Perú recorra la senda de Venezuela. Pero el mayor riesgo inmediato reside en la ingobernabilidad. Castillo tendrá que transitar un angosto desfiladero entre dos profundos precipicios: la hostilidad de un Congreso que ya mostró su capacidad para voltear presidentes y el intento de Cerrón de embestir contra las instituciones políticas con la realización de una asamblea constituyente, un mecanismo de reforma constitucional que no está previsto en la actual Carta Magna que establece que cualquier modificación tiene que pasar por la aprobación de los dos tercios del Congreso. Keiko ya anticipó su decisión de resistir lo que calificó como la tentativa de implantar “una Constitución comunista”.

 Continuidad o ruptura

Castillo busca construir un poder propio mediante una búsqueda de apoyatura popular basada en la contraposición entre su imagen de austeridad y una “clase política” desprestigiada y sospechada de corrupción. Lo ayuda su origen humilde y su trayectoria en el medio rural. Fue integrante de las “rondas campesinas”, una peculiar organización social de la zona andina encargada de velar por la seguridad pública en una región en la que el Estado está virtualmente ausente. Recién conocido a nivel nacional en 2017 como líder de una gran huelga nacional docente, su retórica izquierdista contrasta con su tradicionalismo cultural, compartido por su esposa evangélica y reflejado en su oposición a la legalización del aborto y al matrimonio igualitario. Su primera decisión efectista fue rebajarse el sueldo para equipararlo con el salario docente y proponer igual reducción para funcionarios y legisladores.
En su discurso inaugural el nuevo mandatario intentó tranquilizar a los factores de poder: “No pretendemos expropiar ni estatizar la economía, ni controles de cambios. Queremos orden y previsibilidad”. Ese mensaje alentó las expectativas, o los deseos, de ciertos voceros empresarios que auguran que Castillo imitará a algunos de sus predecesores que accedieron al poder con un discurso de izquierda pero desde el gobierno no modificaron sensiblemente los lineamientos económicos impuestos por Fujimori en la década del 90. Así ocurrió con Humala en 2006 y con Alan García, quien durante su segundo mandato implementó un programa diametralmente opuesto a su política estatista de la década del 80. 
Lo cierto es que el “modelo peruano” lleva más de treinta años de continuidad y las cifras le otorgan un saldo positivo en materia de crecimiento. La irrupción de la pandemia provocó empero una honda recesión. En 2020 el producto bruto interno cayó un 11% y ese estrepitoso descenso incrementó un estado de disconformidad colectiva que coadyuvó a la milimétrica victoria de Castillo y la derrota de Keiko, identificada con la política económica que inauguró su padre. Sin embargo, las encuestas indican que la opinión pública teme también un salto al vacío y apuesta por un cambio dentro de la continuidad. Castillo lo tiene claro pero nadie asegura que posea el poder político suficiente para ensayar ese camino al borde de la cornisa.
El primer desafío inmediato para Castillo será la confirmación de su elenco ministerial, que según las prescripciones constitucionales tendrá que ser refrendado por el Parlamento en un plazo máximo de treinta días. Este imperativo demandará arduas negociaciones, un ejercicio que implica concesiones y contraprestaciones con aliados y hasta con adversarios. La nominación de Guido Bellido, un legislador de Perú Libre muy próximo a Cerrón, como presidente del Consejo de Ministros, acompañado por un gabinete heterogéneo, que busca conciliar la ortodoxia ideológica con la emisión de señales de confianza a los mercados financieros, abre un nuevo compás de espera, signado por el suspenso. El Congreso tendrá la próxima palabra. Hasta entonces el presidente no tendrá una estructura de gobierno que lo acompañe.
 

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