Ya no se trata de cuestionar la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) N§ 27.610, sancionada en enero pasado. Desde entonces, solo en la provincia de Salta hubo más de mil llamados por mes al 0800 para solicitar la práctica de abortos. Ya no se trata de marchas verdes contra marchas celestes y de seguir clavando la daga en la grieta de este debate sin fin, en el que todos, en algún punto, tienen la razón. Ahora se trata de observar con sensibilidad humana toda la letra explícita que le falta a la ley para que dejen de cometerse aberraciones derivadas de interpretaciones personales que se hacen de la flamante y sombría norma.
inicia sesión o regístrate.
Ya no se trata de cuestionar la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) N§ 27.610, sancionada en enero pasado. Desde entonces, solo en la provincia de Salta hubo más de mil llamados por mes al 0800 para solicitar la práctica de abortos. Ya no se trata de marchas verdes contra marchas celestes y de seguir clavando la daga en la grieta de este debate sin fin, en el que todos, en algún punto, tienen la razón. Ahora se trata de observar con sensibilidad humana toda la letra explícita que le falta a la ley para que dejen de cometerse aberraciones derivadas de interpretaciones personales que se hacen de la flamante y sombría norma.
El artículo 86 de la ley dice que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional". Y por eso el caso de la joven embarazada de 22 semanas y 2 días (casi 6 meses), que según constaría en actas del hospital Perón de Tartagal, se habría arrepentido de abortar, parece ir a contramano de una ley llena de grises, librada a la interpretación del médico de turno.
Espeluzna el relato de Claudia Subelza, la directora de la Niñez de la Municipalidad de Salvador Mazza, de donde es oriunda la joven madre de esta historia, quien tras varias charlas profundas con ella, le confesó detalles espeluznantes de la intervención a la que fue sometida. "Con consentimiento expreso del gerente del hospital, una médica practicó el aborto de una bebé sana y viable de casi 6 meses de gestación que nació viva, para luego matarla por asfixia, siendo encontrada posteriormente en la basura por una enfermera", detalló Subelza.
El caso expone con crudeza las consecuencias de una ley que, en la práctica, no pone límite gestacional al aborto contra los argumentos esgrimidos durante el debate de la ley. Las 14 semanas parecen un número tirado a la tribuna angustiada de los "pañuelos celestes", porque está a la vista que más allá de las 14 semanas se puede abortar aduciendo una violación o con la sola enunciación de un potencial riesgo a la "salud integral" de la madre, entendida ésta como salud física, psíquica o social.
O sea que, en la práctica, es una ley que le guiña el ojo a la muerte que se abre paso entre un abanico ilimitado de argumentos que se pueden esgrimir y, como se nota en este caso, habilita a abortar bebés sanos de madres también sanas hasta las vísperas del parto (38 semanas). Aunque en este caso, decir "abortar bebés viables", es una forma de justificar con la imprecisa ley lo que parece un parto prematuro, y si se comprueba, seguido de una muerte forzada.
Es que desde el punto de vista médico se considera aborto (espontáneo o inducido) a la expulsión del feto antes de la semana 20 de gestación. Más allá de ese plazo se trata de un parto pretérmino o nacimiento prematuro cuando el bebé nace vivo, como presumiblemente sucedió en este caso.
Claro que cualquier bebé prematuro puede morir, necesita cuidados intensivos para sobrevivir. Pero "asfixiarlo" o dejarlo morir sin atención es una conducta que, como poco, prende todas las luces de alerta sobre la inhumanidad del sistema de Salud.
Cada lector podrá ver a su alrededor cuántos hombres y mujeres que conoce nacieron "seismesinos" y comprobar que la vida afuera del vientre es muy posible desde esa edad gestacional.
Claudia Subelza pidió que la médica que realizó esta práctica tan cuestionada sea suspendida de sus funciones hasta que se aclare la situación. "No sería la primera vez que realiza un aborto con 5 o 6 meses de gestación, pasa que nunca antes se hizo una denuncia", remarcó.
Ahora le queda a la Justicia la misión de investigar los detalles de esta "interrupción" de un embarazo avanzado o más bien de este parto prematuro seguido de muerte. Si se comprueba esta aberración médica, sin más dilaciones, las autoridades deberían modificar el reglamento de la ley. Eso sí, siempre y cuando crean, como pregonaron durante los debates por la ley, que "la vida empieza en la semana 14".
Una ley llena de grises
Al ser consultado por El Tribuno sobre este caso, Juan José Esteban, ministro de Salud de la Provincia, expresó que "es lamentable todo lo que ocurre porque al aplicar la ley de IVE-ILE nos ajustamos a derecho y de acuerdo a los informes cronológicos enviados desde el hospital de Tartagal, se siguieron todos los pasos y está firmado el consentimiento de la joven. Tenemos el cronograma de hechos día por día que nos pasó el hospital".
Agregó: "El Ministerio la va a apoyar a la médica que intervino en la práctica porque de acuerdo a los informes enviados al Ministerio, se actuó conforme a derecho. Por supuesto que la Justicia tiene que actuar y hacer las investigaciones que se crea convenientes para echar luz sobre este caso".
Y finalizó: "La ley tiene muchos grises que tendrían que ser aclarados para no caer en estas especulaciones tan dañinas".