Los distintos ministerios del Gobierno provincial tienen un plazo de 5 días para informar sobre el avance del plan de acción ordenado por la Justicia a instancias de la Asesoría de Incapaces número 2 de Tartagal, con el fin de restituir derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este.
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Los distintos ministerios del Gobierno provincial tienen un plazo de 5 días para informar sobre el avance del plan de acción ordenado por la Justicia a instancias de la Asesoría de Incapaces número 2 de Tartagal, con el fin de restituir derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este.
El plan, que tiene vigencia desde septiembre del año pasado hasta diciembre de este año, presenta como ejes fundamentales el acceso al agua segura, la salud, la educación, la identificación, vivienda digna, seguridad y otros servicios básicos que el Estado debe garantizar a esta población donde conviven comunidades criollas y aborígenes.
El plan de acción surgió del compromiso de todas las áreas involucradas, durante audiencias convocadas a raíz de una acción interpuesta en 2016 por la entonces asesora de Incapaces N§2 de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni; al tomar intervención para la protección de una niña víctima de sucesivas vulneraciones, situación que dejó al descubierto numerosas falencias que impiden el acceso a los derechos fundamentales por parte de los niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este y sus familias.
En la presentación, se destacó la imperiosa necesidad de un plan integral coordinado. Se consideró que había quedado expuesta "la necesidad de implementar políticas públicas que le permitan a la niña y a otras personas de dicho municipio gozar de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, así como también los reconocidos por los diversos tratados de derechos humanos".
Además, las distintas medidas de acción deben ser informadas a la población en lengua wichi y española, de manera tal que todos puedan conocer las medidas que se aplicarán en la zona.
Al respecto, la actual asesora de Incapaces N§2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, explicó que el expediente ha sido habilitado en feria tomando en consideración que en temporada estival las inclemencias climáticas provocan numerosos perjuicios para la población. Por este motivo es fundamental verificar el cumplimiento de las metas fijadas entre septiembre y diciembre de 2021, ya que es el Ministerio Público Pupilar el responsable de llevar un control y seguimiento del cumplimiento de la orden judicial.
Este plan en particular incluye acciones directas y específicas a aplicar en la localidad de Santa Victoria Este. Sin embargo, Fernanda Chocobar informó que constantemente mantiene diálogo con referentes de salud de las distintas localidades que se encuentran en emergencia sanitaria, para asesorar y coordinar acciones extrajudiciales que permitan actuar de manera eficaz ante cualquier situación de riesgo para niños, niñas y adolescentes. Se destacó la importancia de que los agentes sanitarios notifiquen situaciones de riesgo nutricional y las dificultades que se presentan para los traslados de pacientes a centros sanitarios.
“Necesitamos personal y movilidad”
La ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Silvina Vargas, afirmó que necesitarían llegar a muchas más familias por medio del Plan Unir, un plan de prevención, contención y promoción de los derechos de niños y niñas.
“Necesitaríamos acompañar a unas 400 comunidades y podemos acompañar a 183. Necesitamos operadores, personal al que tenemos que retribuirle algo, y movilidad para llegar al destino. Para la entrega de prestaciones se necesitan transportar cosas y eso lleva tiempo”, manifestó la funcionaria.
A través de visitas domiciliarias y encuentros con familias, el plan Unir busca fortalecer las prácticas de crianza, hábitos de cuidado, de manipulación del agua y asistencia en la gestión de trámites con el fin de promover y hacer efectivo el desarrollo integral de las infancias en contextos originarios rurales
Se realiza un registro que permite identificar cada situación y desplegar acciones en el corto, mediano y largo plazo.
“Para acompañar a todas las comunidades como quisiéramos, llegar a los chicos y ver cuando estén en situación de vulnerabilidad, necesitamos gente en el territorio, tener cómo pagarles a esas personas, además de darles movilidad”, agregó Silvina Vargas.
La funcionaria se hizo cargo de la cartera luego de que renunciara Verónica Figueroa, quien consideraba insuficiente el presupuesto para el área.
Agregó que están trabajando para repartir módulos alimentarios. “Estamos tratando de cumplir con lo que había quedando pendiente, hacer que lleguen módulos focalizados a cada familia y peleando con las contingencias climáticas para terminar las entregas”, dijo.