Nos rige la “emergentocracia”, es decir, la declaración permanente de emergencia para poder hacer cualquier cosa y agravar los ya graves problemas. Ninguna ley de esta naturaleza funcionó jamás. El gobierno nacional ha logrado el Consenso Fiscal, que no es más que otra muestra de que los gobernadores son limitados, en la práctica, a las tareas de intendencia. La facultad originaria para cobrar impuestos directos, como lo establece la Constitución Nacional, les corresponde a las provincias. Nuestras emergencias no son transitorias, sino perennes. Y como la emergencia se prolonga, los impuestos sin ton ni son terminan destruyendo a la economía. Se trata de vivir en una sociedad equitativa, donde cada cual aporte lo que pueda y que le permita seguir trabajando para seguir contribuyendo. Un empresario no es un benefactor, sino que es una persona que arriesga capital en busca de una renta. Si desde el Estado le hacen ilusoria la capacidad de producir una renta, el empresario va a buscar un lugar donde pueda tenerla.
Si los impuestos han crecido durante 40 años y paralelamente se multiplica la pobreza, es porque los impuestos no sirven a la ciudadanía. La solución no es mágica: racionalizar y priorizar el gasto, especialmente ahora, con cinco millones de personas fuera del sistema. Y aquí no hay que caer en la trampa. Iban a asignar $100 mil millones a los movimientos sociales. El Estado no necesita intermediarios que usen la emergencia para hacer asistencialismo clientelar. La Argentina ya tiene un programa de contención social para asistir a los ciudadanos que están en problemas.
Lo verificable es que quien administra el Estado no mide el gasto ni prevé recursos, sino que privilegia sus intereses. Para el país, lo primero es que la política deje de ser un espacio para que una elite use el aparato estatal y los recursos públicos como negocio propio, sin costo ni riesgo. 
 

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