La Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces inferiores pasaron a ser oponentes a combatir, con altibajos en el nivel de virulencia. Indudablemente, uno de los rasgos característicos del pensamiento del teórico populista Ernesto Laclau consiste en la 'construcción social de un enemigo íntimo' a quien cargarle todas las culpas y atacar, porque sirve de elemento que cohesiona al pueblo masificado, distinguiendo el 'nosotros' (que hacemos el bien) del 'ellos'. La diferenciación basal del 'amigo - enemigo' como esencia de la política, entendida como antagonismo permanente.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces inferiores pasaron a ser oponentes a combatir, con altibajos en el nivel de virulencia. Indudablemente, uno de los rasgos característicos del pensamiento del teórico populista Ernesto Laclau consiste en la 'construcción social de un enemigo íntimo' a quien cargarle todas las culpas y atacar, porque sirve de elemento que cohesiona al pueblo masificado, distinguiendo el 'nosotros' (que hacemos el bien) del 'ellos'. La diferenciación basal del 'amigo - enemigo' como esencia de la política, entendida como antagonismo permanente.
Algo de pedagogía
Aunque la Justicia no fue el único objetivo elegido, esa corriente aluvional viene arrastrando al Ministerio Público, seguramente por desconocimiento de lo dispuesto por el art. 120 de la Constitución Nacional y la ley 24.946. No lo ignora Cristina Fernández por su condición de constituyente en 1994, pero sí periodistas desinformados y seguidores enceguecidos, mientras otros se hacen los distraídos. No se comprende que el Procurador General y los fiscales no dependen la Corte ni tampoco del Poder Ejecutivo (como pudo haber sido en otros tiempos, antes que se conformara como un órgano 'extra poder'), y se confunde un dictamen como el de fiscal Diego Luciani en un alegato de juicio oral con una condena, y peor, con una sentencia definitiva y firme.
En cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, en la medida que lo estime pertinente por la prueba producida y en defensa de la legalidad y los intereses públicos, el fiscal debe solicitar la condena y la aplicación de la pena que corresponda de acuerdo al delito o delitos que considera que se han cometido. Ni más ni menos de lo que debe hacer por las obligaciones de su cargo, como los fiscales que investigaron a Carlos Menem y a Fernando De la Rúa.
Si en el caso de la vicepresidenta fueron doce años, no es por ciertas cosas que hizo al gobernar (declaración para la tribuna, no para el Tribunal), sino por la escala penal fijada en el Código y la valoración de la cuantificación de la pena. Los jueces escuchan, al igual que a la otra parte (defensa), y en su momento, cuando la ley procesal lo establece, decidirán lo que juzguen ajustado a derecho.
Actual desprestigio
No se desconocen la imagen negativa de los jueces y fiscales ante la opinión pública, ni las responsabilidades que con justa razón les caben a quienes han deshonrado la magistratura. Ya he fijado mi posición en notas anteriores, a las que remito. Pero no defender lo indefendible no priva de señalar algunas circunstancias atenuantes. Aquella campaña negativa ha llegado a límites que exceden largamente una crítica razonada y la libertad de expresión, hasta convertirse en una persecución despiadada.
Baste recordar las humillaciones infligidas por su edad al digno juez Carlos Fayt, reconocido durante años por su probidad, prudencia, sabiduría, coherencia y templanza en cada voto. Una actuación ejemplar y con la humildad de los verdaderamente grandes. A mi modesto parecer, uno de los mejores o el mejor juez 'supremo' desde la vuelta de la democracia.
Las descalificaciones generalizadas a jueces y fiscales, desde el presidente y su ministro de justicia, hasta dirigentes de mayor o menor peso, y con o sin cargo público (legisladores, sindicalistas, actrices, militantes de DDHH, y hasta algún juez, o la insólita adhesión de la jefa de la AFI), denotan injerencias extrañas y constituyen agravios injustificados y dañinos para una buena calidad institucionalidad. Falta mesura cuando se dirigen a ellos como delincuentes, atorrantes o mafiosos. En menor medida, miembros del gobierno precedente se expresaron con imprudencia respecto de jueces y fiscales. El mismo error con otros autores.
La comisión de actos ilícitos amerita la denuncia para que actúen los mecanismos constitucionales previstos para la remoción del cargo. Si dictaron fallos contrarios a la ley deben utilizar los mecanismos recursivos previstos legalmente para que sean revisados y eventualmente revocados. Sin saltarse la legalidad, sin aprietes, sin carpetazos, sin crispación.
El extravagante adefesio cometido en 2015, al pretender nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, producto de alguna mente afiebrada, hoy es permanentemente citado en las críticas. Pero eso no debe ocultar que esos mismos magistrados, después fueron nombrados de acuerdo con el procedimiento que establece la Constitución, con el acuerdo del Senado de la Nación, entonces con mayoría propia de legisladores de la coalición ahora gobernante. ¿Ese acuerdo no opera como cosa juzgada? Parece molestar el hecho incontrastable de que algo pueda escapar del control de quien ha sido electo presidente de la Nación, y como tal, responsable político de la administración general del país (art. 99 CN), cuando justamente las limitaciones al poder deben prevalecer en el Estado de Derecho, donde la suma del poder púbico importa traición a la patria (art. 29 CN). Es inadmisible que, tal como en el absolutismo monárquico, se pretenda que todo esté sujeto al arbitrio caprichoso de quien detenta el poder irrestricto y sin supervisión.
Una aguda oradora podría decir que es una rémora del pasado. Con la instauración de la división de poderes en el sistema republicano, no cabe duda alguna que funciona como un mecanismo de equilibrio, de control del poder por el poder, para que se moderen recíprocamente, y por los representantes del pueblo. El principio de pesos y contrapesos para evitar que uno prevalezca sobre el resto, con eventual abuso de autoridad.
Recuérdese que, previo a iniciarse los alegatos de la causa "Vialidad", el representante de la Oficina Anticorrupción desistió de seguir actuando como querellante en defensa del patrimonio del Estado nacional supuestamente afectado, con lo que no acusó a ningún enjuiciado. Con algunas críticas de sus colegas, pasó casi inadvertido, aunque posiblemente fuera incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Es un organismo que depende de la Presidencia de la Nación, a diferencia de los fiscales Luciani y Sergio Mola, que son independientes en el cumplimiento de su función, en tanto no reciben órdenes, pero integran el Ministerio Público Fiscal. Finalizo con dos preguntas en una: ¿es lógico que un dictamen de un magistrado que debe ser independiente genere un clima de tanta perturbación, por haber eludido el control del mandamás? Lo que vino después pertenece a otra tragedia.