Federalismo, una deuda pendiente, una encrucijada

En los albores de la naciente República Argentina cuando los festejos por la declaración de la Independencia se apagaban, en el seno del Congreso de Tucumán se avizoraba la titánica labor de otorgar Constitución a la novel nación y quedó planteado el problema de la forma de gobierno.

Así transcurrieron arduas jornadas de sesudos debates en torno a la monarquía, república y federalismo. Hombres de ideas claras como José Gervasio Artigas en el Litoral y Martín Miguel de Güemes en el Norte, trabajaron activamente para conseguir no solo la libertad, sino también para otorgar una Constitución y asegurar los derechos de los territorios bajo su mando en orden a un auténtico estado federal.

El federalismo surgió solo después de décadas de proyectos constitucionales fallidos, desafíos secesionistas intermitentes y permanentes conflictos militares. Finalmente, el establecimiento de un "federalismo centralizado" fue resultado asimismo de conflictos regionales en pugna con el Estado central.

El consenso sobre el establecimiento del federalismo evitaría que una región dominante impusiese un régimen unitario. Esto en teoría.

El pasado

Es menester una breve cronología para comprender el complejo proceso en el que se debatió nuestra Nación en la necesidad de un ordenamiento legal.

En el primer período 1810- 1831, signado por la emancipación y su correlato de acciones militares que confluyen en la emancipación de España. Los tiempos de la posindependencia están signados por conflictos y asedios sobre la forma del régimen a ser adoptado, dejando la secuela de dos constituciones fallidas (1819 -1826). Ambas Constituciones eran unitarias y fueron inmediatamente rechazadas por los caudillos regionales que desconfiaban de las intenciones hegemónicas de la dirigencia de Buenos Aires. En este tiempo, las provincias del interior erigieron banderas de autonomía.

Una segunda etapa: 1831-1852, una confederación descentralizada fue establecida luego de victorias de caudillos descentralizadores. Mas muy pronto las provincias supuestamente federales habrían de sucumbir al control hegemónico de la provincia de Buenos Aires en manos de Juan Manuel de Rosas.

La Confederación Argentina puso en evidencia que, cualquiera fuera el tipo de régimen a adoptar, la dominación política de Buenos Aires sobre las demás provincias no desaparecería.

En la tercera etapa, y luego de Caseros 1852-1862, fue promulgada una constitución federal que le transfería importantes poderes al gobierno central, pero Buenos Aires rehusó sumarse a la unión. Luego de una serie de conflictos militares, Buenos Aires prevaleció y finalmente se unió a la federación en una posición de supremacía.

Natalio Botana ha caracterizado a la Constitución de 1853 como una fusión de los ideales unitarios y federales, encarnando a la vez el ideal unitario de un gobierno central en manos de un presidente poderoso y los principios federales de autonomía provincial y representación en las instituciones políticas nacionales.

En la próxima etapa, 1862 – 1868, Mitre construyó el Estado moderno estableciendo un federalismo centralizado bajo la dominación de Buenos Aires. Las décadas siguientes consolidarían la hegemonía de la pampa húmeda.

Se ha de considerar que las provincias argentinas preexistieron a la Nación. No las veintitrés que hoy conforman el Estado argentino, sino las catorce que existían al momento de dar estructuración a aquella. Luego se fueron agregando otras y la provincialización de los territorios nacionales.

El sistema federal argentino es una combinación de dos fuerzas: una centrípeta y otra centrífuga. La primera va de la periferia hacia el centro, supone la existencia de una unidad en el Estado nacional argentino que es "soberano"; mientras que la segunda, del centro hacia la periferia, implica la descentralización que permite la existencia de una pluralidad de provincias, que son "autónomas".

En este contexto, el esquema federal pugna por establecer la unidad dentro de la variedad, compatibilizando los principios de autonomía y de participación.

La ley y la realidad

Más allá de la impronta aspiracional del constituyente en pro de robustecer las estructuras provinciales, empíricamente ello no ha acaecido. Antes bien, ha aumentado el centralismo (macrocefalia del puerto o sea, Buenos Aires) y, sobre todo, se ha incrementado la subordinación financiera y económica de la mayoría de las provincias a la Nación.

Otro problema: tampoco se ha atenuado el poder presidencial como se pregonaba en su momento. Todo lo contrario, el Ejecutivo concentra más poderes y facultades, avanza sobre el Legislativo dictando decretos de necesidad y 

urgencia y, en no pocas ocasiones, presiona al Poder Judicial en temas de trascendencia institucional.

Si tomamos la Constitución de 1853 y las siguientes reformas, incluida la de 1994, siempre se esgrimió (y en la última, el objetivo central) el fortalecimiento del federalismo. Un balance provisional arroja que, si bien desde la norma se aportan cláusulas relevantes en aquella dirección, sin embargo, existe un déficit en la aplicación real de las mismas.

La sanción del instrumento legal por si solo, no obra automáticamente el robustecimiento del federalismo, y en contrapartida, ha crecido disfuncionalmente el centralismo, con el consecuente quebranto de la calidad democrática e institucional.

No se ha limitado la hegemonía del Poder Ejecutivo de la Nación, tal como fue el compromiso largamente pregonado en las jornadas previas a la última modificación hace veintiocho años. Lamentablemente, dicho poder se ha fortificado aumentando su injerencia sobre las restantes áreas del Estado y avanzando sobre las autonomías provinciales, fundamentalmente en aquellas provincias cuyos mandatarios no coinciden con el color político de quien ejerce la Presidencia. La dependencia económico - financiera se hace manifiesta con respecto al régimen gubernamental central.

Se hace necesario una interacción armónica entre las instancias políticas de la estructura federal, basados en la colaboración, el respeto mutuo y el diálogo

Pero la búsqueda de los consensos básicos que permitan perfilar los mecanismos de coordinación federal en orden a integrar al Gobierno de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Provincias y a los Municipios que se enuncian en la Carta Magna, optimizando las políticas de promoción regional y los criterios de reparto de recursos, necesita de manera urgente la sinceridad de las partes y el compromiso genuino en cumplir con las metas.

"Hechos, no palabras"

El panorama político no contribuye a este fin. Los partidos políticos han sido eclipsados por los llamados "espacios políticos", una suerte de maremágnum de diversas extracciones políticas que solo aspiran a consagrarse en el próximo evento electoral.

Este nucleamiento de diferentes actores, con ideas que pueden mudar fácilmente de color político con la rapidez del camaleón, no contribuye a sostener proyectos de mediano y largo plazo. Los objetivos grandes que sostienen el crecimiento de la Nación no pueden quedar subordinados a ganar elecciones, sino que debe subordinarse el interés particular para poder fundamentar la grandeza de la Nación.

Se observa un aletargamiento en los partidos políticos, los que no logran articular plataformas serias con objetivos y plazos a cumplir. Las variables "metas, recursos y tiempos" están ausentes de toda campaña política, la que se limita a una serie de promesas cortoplacistas que nunca lograrán transformar la lacerante realidad de una sociedad sumergida en elevados porcentajes de pobreza y con una multitud de problemáticas a resolver.

Otra cuestión está relacionada con la tentación de los gobiernos centrales de utilizar arbitrariamente la asignación de recursos como premios o castigos, de acuerdo con la textura político partidaria de las ocasionales autoridades provinciales, supeditándolas a la alineación o enfrentamiento con los frentes políticos que gobiernan circunstancialmente al gobierno.

La integración de las regiones implica el desafío de alcanzar los objetivos del desarrollo humano, económico y social. La perpetuidad en los gobiernos municipales no ha logrado la promoción de muchas regiones subordinadas a las apetencias omnímodas de las dirigencias vernáculas.

Cabe mencionar que la potestad de crear regiones para el desarrollo económico es de competencia provincial. Esto implica la necesidad que las gobernaciones asuman la tarea de gestar políticas de desarrollo integral.

Parafraseando a Virgilio "Facta non verba" (hechos no palabras. La ciudadanía requiere de sus gobernantes un compromiso desde la ética que los conduzca a una vida digna cubriendo sus necesidades tanto materiales como espirituales. Y esto requiere que la letra de la normativa se lleve a la práctica. Más ejercicio de la política racional, menos politiquería y populismo.

Empero, todo propósito de descentralización política, funcional y territorial debe estar acompañado de la voluntad política, pues de lo contrario, cualquier medida puramente normativa será solo una muestra más del ya acostumbrado "gatopardismo".

 

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