La bochornosa experiencia del jueves en la Cámara de Diputados de la Nación es una muestra de la degradación institucional que atraviesa el país. El Congreso es el espacio concebido para la definición de objetivos, la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos. Más allá de la vehemencia o el apasionamiento con que puedan desenvolverse los legisladores, es inadmisible que la sede deliberativa de uno de los tres poderes del Estado se convierta, de repente, en campo de batalla entre personas que se conducen como barrabravas.
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La bochornosa experiencia del jueves en la Cámara de Diputados de la Nación es una muestra de la degradación institucional que atraviesa el país. El Congreso es el espacio concebido para la definición de objetivos, la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos. Más allá de la vehemencia o el apasionamiento con que puedan desenvolverse los legisladores, es inadmisible que la sede deliberativa de uno de los tres poderes del Estado se convierta, de repente, en campo de batalla entre personas que se conducen como barrabravas.
Eso es lo que sucedió en una semana en la que proliferaron agravios entre diputados y que terminaron convirtiendo dos sesiones frustradas en un griterío infernal, con abundantes frases y gestos obscenos. En este punto, sobresalen los gestos provocativos del presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo y las frases homofóbicas y descalificatorias del operador parlamentario de los temas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado Rodolfo Tailhade. No fueron los únicos, pero, probablemente, los más groseros.
En la Cámara Baja, la principal responsable institucional es la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien decidió dejar sin efecto una resolución ya firmada donde se designaba a los cuatro diputados, dos oficialistas y dos opositores, como representantes en el Consejo de la Magistratura. De ese modo, disciplinadamente, se sumó a la estrategia impuesta desde el Senado por la vicepresidenta, quien espera la sentencia que se conocerá el próximo martes por la Causa Vialidad, ante lo que ha optado por defenderse descalificando a los jueces y enfrentando a la Suprema Corte de Justicia. En este caso, boicoteando la conformación del Consejo de la Magistratura que, en virtud de un fallo del máximo tribunal, debe realizarse de acuerdo con la ley original, más despolitizada y menos sesgada, y no según la reforma de 2006, impulsada por Cristina Kirchner.
Luego de los 39 años transcurridos desde la restauración democrática, los intereses personales de los poderosos arrasan con las instituciones que están destinadas a velar por la vida, la libertad, los bienes y todos los derechos de los ciudadanos.
Esta reyerta vergonzosa amenaza con paralizar al Congreso y a la magistratura, pero el detonante, la estrategia de Cristina Kirchner, apunta a fracturar a la misma Justicia. Y el otro poder del Estado, el Ejecutivo, atraviesa un estado de inercia en el que parece flotar sin rumbo en un país poblado de inseguridades de todo tipo y con un clima de ebullición social cuyo desenlace es impredecible.
El escándalo del jueves no fue una mera pelea entre personajes, sino la muestra de un país huérfano de dirigencia, de ideas y de responsabilidad política.
La Cámara Baja, fracturada como pocas veces, podría paralizarse y de esa manera dejar sin efecto el tratamiento de leyes que, más allá de quiénes las hayan presentado, ponen en juego los derechos de la gente. Hoy parecen congelados proyectos como la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo; una nueva moratoria para que puedan jubilarse 800.000 adultos mayores que no han cumplido con los aportes; un sistema de estímulos fiscales acordado el Consejo Agroindustrial Argentino y la creación de nueve universidades nacionales.
Son proyectos discutibles, todos, pero para eso fue creado el Congreso. Para discutir y acordar, no para que los representantes de la ciudadanía se peleen y luego dejen de sesionar "por falta de clima", como aducen algunos.
El clima deben crearlo ellos mismos. Estos escándalos agravan una crisis social acicateada por la dirigencia piquetera, por gremios estatales, dirigentes políticos y hasta senadores que amenazan a la Justicia con "alterar la paz social" si los fallos contra la vicepresidenta son adversos.
La crisis social ya existe. La falta de empleo y la pobreza son problemas estructurales, agravados por la corrupción y la ineficiencia en el manejo de lo público.
Ese ese el problema central que una dirigencia responsable, oficialista u opositora, debería tener presente en cada palabra que se pronuncia y en cada decisión que se toma.