VIDEO. Ocho agentes penitenciarios irían a juicio por ultrajar a un menor

Falta mucho. A esta altura lo triste y preocupante es que integrantes de las fuerzas de seguridad, tozudos, siguen negando la violencia institucional inmersa de puertas para adentro. Policías, agentes penitenciarios y efectivos de distintas fuerzas cometen ultrajes y vulneran los derechos de quienes infringen la ley y son privados de su libertad. Hace dos años en el Centro de Jóvenes de Tartagal, inaugurado en febrero de 2014 por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy, actualmente senador nacional, un menor fue brutalmente golpeado por al menos ocho personas que trabajaban en ese lugar. Hace algunos días el doctor Gabriel González, fiscal de Derechos Humanos, pidió que la causa se eleve a juicio.

El requerimiento del fiscal se hizo al Juzgado de Garantías 4, ocho penitenciarios del Centro en cuestión fueron imputados por dos hechos, en uno de ellos el mismo personal de la institución que contiene a jóvenes en conflicto con la ley grabó un video en el momento de las vejaciones, filmación que muestra de manera cruda cómo el menor es salvajemente agredido. A pesar de la contundencia de las imágenes, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el video no fue incorporado al expediente como prueba.

Los imputados son el oficial Manuel Orlando Figueroa, acusado del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia (dos hechos), en concurso real y en calidad de coautor, por los hechos ocurridos el día 21 de septiembre de 2020.

Por su parte, los sargentos Juan Ismael Maldonado, Miguel Ángel Areruma, los cabos Mario Ricardo Mercado Giménez y Leonardo Iván González fueron acusados por el delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores, y el cabo José Luis Pérez, como partícipe necesario del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia por el hecho ocurrido en la misma fecha, a las 16.15, aproximadamente.

En tanto, la cabo primero Mabel Alejandra Giménez y la enfermera Alina del Milagro Ortiz están acusadas del delito de encubrimiento agravado.

Mabel Giménez, subjefa del Centro, ordenó filmar la violenta requisa, tarea que según el fiscal realizó la enfermera Alina Ortiz, ninguna de las dos denunció lo ocurrido en la celda. Ocho meses después, al viralizarse las graves imágenes, salieron a denunciar lo sucedido.    
 

Según el requerimiento fiscal el 21 de septiembre de 2020 el menor fue agredido físicamente por los imputados, con motivo de la requisa que debían realizar en la celda donde estaba alojado el muchacho fue violentado con golpes en su cuerpo. Se trató del primer hecho de vejaciones que sufrió el menor, en ese momento del examen médico realizado el día del hecho se desprende que el joven presentaba "hematoma en párpado superior izquierdo y pequeño derrame ocular izquierdo".

Conforme se desprende de las declaraciones testimoniales del damnificado, se verificó un segundo hecho que encuadra dentro del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, ya que, después de la golpiza propinada, ese mismo día el menor subió al cielorraso del módulo donde estaba alojado, haciendo luego lo propio el sargento Figueroa. Allí fue cuando volvió a agredirlo físicamente, lo ahorcó, le pegó piñas en la cara y patadas en las costillas y el estómago.

El fiscal actuante de DDHH advirtió el despliegue de prácticas de violencia institucional. "La violencia institucional es una práctica estructural de violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del Servicio Penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le ha sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático", destacó en el requerimiento.

 

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