Proyecto del PRO para suprimir los planes sociales

Los diputados de PRO José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron ayer un proyecto de ley que crea el "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad", el cual busca eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones por un máximo de dos años.

La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en el citado plan.

El proyecto apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social.

No obstante, una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal. Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, que dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin de que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales.

"Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la pasantía laboral", señala el proyecto.

La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones.

En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

"Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo", dijo José Núñez.

Por otra parte, el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja.

 

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