La asistencia social no debería ser una caja para la política

Por una decisión política que contribuye a erosionar un poco más el poder del presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner propuso que los planes sociales "dejen de estar tercerizados". En otras palabras, pidió un mayor contralor del Estado sobre el funcionamiento del sistema y que las organizaciones sociales, hoy más cercanas a Fernández, dejen su lugar a los intendentes. La idea fue recibida con entusiasmo por muchos jefes comunales, también en Salta, luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su jefe de Gabinete Martín Insaurralde la calificaran como "una federalización de las políticas sociales".

La cuestión, por ahora, se concentra en el plan Potenciar Trabajo, que - al menos en teoría - obliga al beneficiario a trabajar 20 horas por semana en algún servicio a cambio de una remuneración de $ 22.770 mensuales.

El ministerio de Desarrollo Social estima que 3,2 millones de personas trabajan en forma precarizada. De ellos, hay 1.200.000 inscriptos en ese programa. En la provincia de Buenos Aires, un escenario estratégico para el kirchnerismo, hay 649.007 beneficiarios, más del 53% del total.

Los datos hablan por sí solos del drama que viven los sectores de menores ingresos y ajenos al trabajo formal. Pero la inflación viene produciendo desde 2011 una caída de casi el 20% en el poder adquisitivo del salario formal o informal. En ese sombrío panorama social, la pobreza se vuelve estructural.

El proyecto de Presupuesto 2021, que el kirchnerismo impidió votar en diciembre pasado preveía un gasto social de más de $8.875.000 millones (casi nueve billones de pesos), un 66,6% del gasto total. Las jubilaciones, pensiones y AUH se llevan la mayor parte

Los planes sociales demandan (según cifras de diciembre) 800 millones de pesos diarios, lo que representa unos $ 288.000 millones anuales. Pero solo se trata de paliativos. La escasa confianza que inspira el país desde hace dos décadas se traduce en un decrecimiento de la inversión productiva y, en consecuencia, de la generación de empleo. Pero son muchas más de 3.200.000 las personas que sufren precarización laboral, falta de aptitud para los nuevos empleos y, en consecuencia, dependencia de la ayuda social.

Los planes funcionan hoy como instrumentos del clientelismo. Con el traspaso se restaría poder a las organizaciones sociales, que hoy actúan como fuerza de choque en la calle y alteran la vida de las ciudades, pero no se avanzaría un paso para resolver la crisis social. Los municipios de todo el país están superpoblados de empleados y resulta muy dudoso que estos planes vayan a generar trabajo genuino. En cambio, lo que si se fortalecería es el poder territorial de los intendentes del conurbano.

Los dirigentes piqueteros definen a las organizaciones sociales como "un factor de contención en la crisis". Pero la contención es de por sí transitoria y, en dos décadas, las organizaciones se han convertido en actores políticos, los planes se multiplicaron y la crisis sigue creciendo hasta hacerse insostenible. No es normal que el 60% de los jóvenes crezca en medio de una absoluta dependencia del Estado, que no le brinda calidad de vida y que, por el contrario, impone a sus familias compromisos políticos degradantes, sea quien sea el que distribuya los planes.

La negación de la crisis es la peor de las soluciones. Probablemente, la ausencia de un plan económico sea la causa de la agudización del drama social.

En los primeros cuatro meses de este año el gasto público le ganó la carrera a los precios: aumentó 76,3% interanual (los subsidios y programas sociales, 115%), más que la inflación promedio (54,2 %) y que los ingresos (60,2%). En consecuencia, el déficit primario se disparó y la necesidad de financiar al Tesoro derivó en una emisión monetaria cercana a los $ 360.000 millones.

La sociedad está llegando al límite de la tolerancia. Con una dirigencia obnubilada por las elecciones de 2023 y disputando candidaturas, es imposible que la gravedad de esta encrucijada entre en las agendas de frentes y partidos y se traduzca en programas de desarrollo basados en acuerdos y consensos.

 

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