La Argentina atraviesa semanas muy difíciles en los mercados financieros desde el pasado 8 de junio cuando los Fondos Comunes de Inversión (FCI) comenzaron una fuerte venta de deuda argentina denominada en pesos, que se profundizó inclusive hasta el siguiente lunes y dejó contra las cuerdas al programa financiero del gobierno.

Las ventas de los fondos se concentraron en los títulos CER, atados a la inflación, y en los denominados T+1 compuestos principalmente por letras y bonos públicos. Los retiros totalizaron cerca de $127.000 millones, el 18% del patrimonio que administraban los fondos dedicados a ese tipo de activos. Una proporción de esos pesos fueron a los fondos de mayor liquidez, los money market cuyo retiro es en el día y están atados, entre otros, a los rendimientos de las cuentas remuneradas y plazos fijos.

La respuesta del Banco Central fue correcta, salió a comprar fuertemente parte de los títulos públicos que el sector privado se deshacía para sostener su precio. El costo hasta el 22 de junio fue una emisión monetaria cercana a $300.000 millones, al sumarle las transferencias por adelantos transitorios al Tesoro la emisión total alcanzó $578.300 millones. Para dimensionar, el techo del financiamiento del Central al Tesoro acordado con el FMI para todo este año es de $705.200 millones.

A su vez, en línea con lo que ya venia haciendo en meses anteriores cuando se conocía el dato de inflación, la autoridad monetaria decidió una nueva suba de la tasa de interés de política monetaria -correspondiente a las Leliqs-, a penas por encima de los aumentos anteriores, así la tasa efectiva anual pasó de 61,7% a 66,5%.

Como era esperable, una parte de los ahorros que dejaron de estar en los FCI buscaron refugio en los dólares paralelos. Entre el 8 de junio y viernes el dólar contado con liquidación subió su cotización un 19%, mientras el dólar MEP y Blue lo hicieron 16%. Así la brecha cambiaria volvió a posicionarse cerca del 100%.

Las turbulencias financieras de las últimas semanas abren dudas respecto de la viabilidad de la política económica, en sus cursos actuales, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández. El reciente endurecimiento del cepo cambiario como medida de contención frente a los incentivos a aumentar el nivel de importaciones que profundizó el salto en la brecha cambiaria va en esa dirección. Un parche que busca frenar la salida de dólares al tipo de cambio oficial y aumentar las reservas internacionales del Banco Central. El costo es mayor presión sobre los precios, un piso alto para la brecha cambiaria y, si su implementación no es correcta, menos nivel de actividad.

A su vez, no despeja los interrogantes acerca de la capacidad del Tesoro de colocar deuda por mercado para repagar todos los vencimientos que tiene en pesos y lograr financiamiento neto positivo. Principalmente porque la huida de los FCI se concentra sobre los bonos CER, pilar del programa financiero del Gobierno y, por ende, del acuerdo con el FMI. El complejo panorama financiero internacional, con riesgos de estanflación global y subas de tasas de interés, agregan incertidumbre al cuadro local.

Como siempre sucede en estos episodios, diversos rumores potenciaron el desarme de posiciones de los títulos en cartera de los fondos comunes de inversión (FCI). Una supuesta declaración de funcionarios del gobierno anterior acerca del no pago de la deuda CER con el cambio de gestión (un nuevo "reperfilamiento" como el que ya hizo en el 2019) o la versión conspirativa de la venta de títulos por parte de empresas públicas controladas por el cristinismo fueron parte del inicio de la historia.

Pero más allá de cuál haya sido el gatillo, la raíz es estructural. El programa financiero del Gobierno se debilitó mucho en la primera mitad de año por la imposibilidad del Banco Central de acumular reservas internacionales, la elevada inflación y un déficit primario que, al contrario de lo comprometido con el FMI, aumentó. A mayo el déficit primario alcanzó 0,55% del PIB, mientras el año pasado sin incluir el aporte de las grandes fortunas fue de 0,3%.

La guerra en Europa golpeó fuerte en las cuentas públicas, descontada la inflación los subsidios energéticos crecieron 48% y el gasto en programas sociales (Progresar, Potenciar Trabajo, IFE y otros) 46%. Ambas medidas buscaron contener el aumento en los costos de combustibles y alimentos, en el primer caso en toda la población y en el segundo sobre los sectores más vulnerables.

El problema es que ese salto en el gasto no fue compensando por más ingresos o menos erogaciones en otras partidas. Por el contrario, en su mayoría todas crecieron en términos reales. Un resultado que no se condice con la capacidad de financiamiento que tiene la Argentina, algo que quedó demostrado en las últimas semanas.

En ese contexto, el Tesoro se vio forzado la semana pasada a realizar un sorpresivo canje de deuda donde los tenedores públicos de bonos tuvieron un papel importante. Como resultado, redujo en $358.000 millones los vencimientos que tenía ayer y que finalmente logró refinanciar por mercado. Así, finalmente logró cerrar junio con un financiamiento neto positivo. Un paso importante, aunque aún está lejos de lograr tranquilizar a los mercados.

El perfil de la deuda en pesos es muy desafiante, promediando el 1,8% del PIB entre el tercer trimestre de este año y el segundo de 2023. El panorama es complejo no solo para el mercado financiero, sino también para la economía real; estabilizar la economía implica tomar decisiones que en el corto plazo ponen un techo al crecimiento de la actividad. Si el Gobierno falla en estabilizar mínimamente la macro, aumentará la volatilidad, la brecha se establecerá por encima de 100% y la inflación dará un nuevo salto.

 

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