La difusión de material íntimo sin consentimiento podría ser penado

Cada vez son más las víctimas por violencia digital que sufren filtración de fotos, videos o mensajes de tinte sexual, usados de manera abusiva y con el fin de perjudicar su imagen en la vida pública. Las consecuencias de dicha filtración son devastadoras, incluso llegan hasta el suicidio.

La Diputada Nacional Mónica Macha lo ejemplificó de un modo contundente y bien cercano en la presentación de las leyes Ley Belén y Ley Olimpia Argentina en julio de este año: “Cualquiera puede tomar la decisión de sacarse fotos o de filmarse en situaciones íntimas, pero eso no implica que haya otra persona que tome la decisión de difundirlo. En el campo de lo social hay una culpabilización y una estigmatización que, con la velocidad de distribución que encima ocurre, se vuelve insoportable para la víctima en todos los órdenes de su vida. Muchas mujeres terminan sin querer salir a la calle”.

Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC, presentaron ante el Congreso dos proyectos para prevenir y sancionar la violencia sexual digital a los que llamaron “Ley Olimpia” y “Ley Belén”, dos nombres que recuerdan a dos víctimas de esta violencia.

La primera propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”. La segunda, impulsa modificaciones en el Código Penal de la Nación para prever penas de prisión de tres meses a tres años y elevar las multas establecidas.

Antes de profundizar en el plano legislativo, podemos acercarnos a este tipo de problemáticas a través de los relatos ficcionales: En Intimidad, una de las series españolas más vistas de Netflix se visibiliza a la perfección la violencia sexual digital a través de la historia que vive cada una de sus protagonistas.

Le pasa a Malen (Itziar Ituño), una alcaldesa que, tras sufrir la filtración de un vídeo íntimo, su carrera y el resto de las áreas de su vida íntima se ven perjudicadas. También le ocurre a Ane (Verónica Echegui), una trabajadora de una fábrica que es víctima de violencia digital tras la filtración de un video íntimo que la conduce a la depresión por el acoso permanente que vive como consecuencia de esa filtración, y finalmente al suicidio.

La historia de Ane se basa en un caso real ocurrido en España en el año 2019. Conocido como el caso Iveco, una trabajadora de la fábrica Iveco sufrió la filtración de un vídeo íntimo que comenzó rápidamente a difundirse entre sus compañeros de trabajo (unos 2.500 trabajadores). La víctima, a pesar de haber pedido ayuda a los superiores e intentar convivir con el hecho, terminó por quitarse la vida. Pese a que se abrió una investigación todavía no hay condenados.

En nuestro país dejó huellas el resonado caso Belén San Román, la policía bonaerense de 26 años que en noviembre del 2020 fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo; este caso inspiró la redacción del proyecto Ley Belén.

NA dialogó con la diputada nacional Mónica Macha, quien nos atendió desde Santa Cruz, donde se encontraba reunida con la gobernadora Alicia Kirchner para abordar la propuesta legislativa contra la violencia digital. Al término del encuentro, deslizó que “fue una muy buena reunión de trabajo”.

Cuando consultamos acerca de si hubo movimientos dentro del ámbito legislativo desde la presentación de los proyectos de ley en julio hasta la actualidad (casi dos meses), desde el espacio conformado por Macha dijeron que actualmente hay “buenas expectativas de acuerdos y avances”, pero hasta que las novedades estén en tierra firme optaron por la cautela.

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