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De manera conjunta el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Secretaria de Recursos Hídricos ordenaron que en 90 días todos los concesionarios y permisionarios de agua para abastecimiento poblacional coloquen macro-medidores en las fuentes de aprovisionamiento.
En tanto, en relación a las urbanizaciones privadas que no se encuentran incorporadas al área servida por Aguas del Norte también ordenaron la colocación de micro-medidores en cada lote de los emprendimientos inmobiliarios y les otorgaron un plazo de 180 días.
“Llegamos a esta situación ante una situación de anarquía en relación a los desarrollos inmobiliarios”, explicó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador.
“Estos vecinos de los country pagan 4 pesos por mes el agua y el resto de los vecinos abonan entre 2 mil y 5 mil pesos por mes y eso es lo que tenemos que revertir“, dijo.
Multa de hasta 100 millones de pesos
“Los plazos fijados son razonables” dijo el funcionario y recordó que quienes no cumplan con la colocación del medidor pueden ser castigados con una multa de hasta 100 millones de pesos.
“Necesitamos blanquear todo: sólo 26 de los 120 country se presentaron a regularizar la situación. En el censo de pozos, solo 350 personas declararon captar agua de las napas, cuando tenemos miles de familias y empresas que lo hacen en la clandestinidad y por eso está faltando el agua”, dijo Saravia.
Admitió la falta de infraestructura de la empresa “Aguas del Norte” para proveer de agua potable de manera normal durante todo el año.
“Dijo que los ciudadanos que viven en los country tienen solvencia económica” y que “para ellos no resultará un gran problema comprar los medidores”.
“En un barrio privado los venden a 57 mil pesos con la mano de obra incluida”, dio como ejemplo.
Y comentó que ordenaron a la empresa Aguas del Norte que finalice las obras en las veredas.
El presidente del Ente Regulador reclamó porque “algunos legisladores provinciales defienden a los country y trabajan para ellos. Cada vez que tenemos un punto sensible aparecen ellos a oponerse”.
“Uno de los diputados -el que firma los proyectos- tiene un contrato de uno de los desarrolladores, allí entendemos todo”, denunció.