Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas realizaban controles de rutina en el Puerto Fluvial de Iguazú sobre autos y pasajeros recién llegados en balsa desde Presidente Franco, Paraguay, cuando llegó el turno de dos automóviles Toyota nuevos, con matrículas del país vecino.
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Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas realizaban controles de rutina en el Puerto Fluvial de Iguazú sobre autos y pasajeros recién llegados en balsa desde Presidente Franco, Paraguay, cuando llegó el turno de dos automóviles Toyota nuevos, con matrículas del país vecino.
“Sólo venimos a hacer unas compritas”, respondieron los ciudadanos paraguayos ante las preguntas habituales del personal aduanero. Los guardas notaron que la pareja (que viajaba en un auto) y el hombre (que iba solo en el otro rodado) comenzaron a ponerse nerviosos a medida que avanzaban las consultas sobre su visita a Argentina: incluso, pidieron volver a su país. Dado que se los notaba muy apurados por sortear el control aduanero y que no respondían con claridad, los agentes del organismo decidieron continuar con la fiscalización de los vehículos que a simple vista no exhibían nada extraño.
Cuando abrieron los baúles estaban vacíos, salvo por uno que tenía unas llaves allen que llamaron la atención de los agentes y sospecharon que algo ocultaban. Revisaron en profundidad, levantaron la alfombra del baúl y notaron que había algo extraño: estaba acondicionado para el contrabando. Habían armado una estructura donde tenían celulares nuevos escondidos. Los dos autos estaban modificados de la misma manera y ambos llevaban la misma carga.
Al descubrir la mercadería continuaron con la fiscalización y encontraron más teléfonos en los laterales de los vehículos. Además, encontraron un cable del que tiraron y se abrió un compartimiento donde había más teléfonos. En total eran 175 celulares Xiaomi REDMI 12 de 128GB, todos en sus cajas, con sus respectivos accesorios, de industria y procedencia extranjera.
La Aduana secuestró la mercadería valuada en $17.865.762,02. Sin embargo, ese monto se podría duplicar si los teléfonos se comercializaran en el mercado informal. Se dio intervención al Juzgado Federal de Eldorado, que imputó a los 3 pasajeros por el delito de contrabando en grado de tentativa.