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La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue condenada por un juzgado de Madrid a pagar 479 millones de euros ($807.115 millones) a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias de España, por haber incurrido en prácticas de competencia desleal mediante el uso indebido de datos personales de sus usuarios.
La resolución fue dictada por el Juzgado de lo Mercantil N° 15 de Madrid, que estimó parcialmente la demanda presentada por los medios perjudicados, quienes habían reclamado 551 millones de euros.
Una condena histórica contra una Big Tech
El tribunal consideró probado que Meta utilizó datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram sin un consentimiento válido, desde el 25 de mayo de 2018 hasta el 31 de julio de 2023, con el objetivo de potenciar su negocio publicitario.
Según la sentencia, esa práctica le permitió a la empresa obtener una ventaja competitiva indebida frente a los medios digitales y agencias de noticias, al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
El impacto económico: cifras en euros y pesos argentinos
El fallo establece que Meta deberá abonar distintas sumas:
• 479 millones de euros (807.115 millones de pesos argentinos) a las editoras de prensa digital y agencias demandantes.
• 60 millones de euros (101.100 millones de pesos argentinos) en concepto de intereses.
• 2,5 millones de euros (4.212,5 millones de pesos argentinos) a la agencia Europa Press.
• 328.000 euros (552,68 millones de pesos argentinos) en concepto de intereses para esa agencia.
• 14.000 euros (23,59 millones de pesos argentinos) para Radio Blanca.
En total, la cifra global que podría desembolsar Meta por este caso supera los 540 millones de euros, sin contar eventuales actualizaciones por mora en caso de apelación o demoras.
Por qué la Justicia falló contra Meta
El juez sostuvo que la compañía estadounidense incurrió en una ventaja competitiva desleal al tratar volúmenes masivos de datos de usuarios sin respetar las condiciones del consentimiento que impone el RGPD.
Según se remarca en la resolución, Meta pudo recabar y procesar una cantidad significativamente mayor de datos que la que podría haber obtenido si hubiese solicitado autorización expresa a los usuarios, lo que reforzó su capacidad de segmentar publicidad y captar recursos publicitarios que, de otro modo, habrían ido al ecosistema de medios digitales.
Qué dicen los medios demandantes
Desde la Asociación de Medios de Información (AMI), su directora Irene Lanzaco aseguró que la sentencia tendrá un impacto de alcance internacional y podría transformarse en un antecedente clave para demandas similares en otros países.
Incluso, adelantó que podrían pedir la ejecución provisional del fallo para evitar que el proceso se dilate durante años por las apelaciones de Meta.
De concretarse, la empresa debería comenzar a pagar los 479 millones de euros ($807.115 millones) incluso antes de que la sentencia quede firme.
La respuesta de Meta
En un comunicado enviado a la agencia EFE, Meta aseguró que apelará la resolución, a la que calificó como infundada y carente de pruebas reales de perjuicio.
La empresa señaló que cumple con todas las normas vigentes en materia de protección de datos y que brinda herramientas claras a los usuarios para controlar cómo se utilizan sus datos en Facebook, Instagram y WhatsApp.
También expresó su disposición a colaborar con las autoridades españolas y el Congreso, donde dirigentes políticos ya anunciaron que citarán a representantes de la empresa para que expliquen qué ocurrió.
Un caso que puede sentar precedente a nivel global
El fallo se conoció un día después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que Meta será citada al Congreso para responder por presuntos hechos de espionaje digital a millones de usuarios, incluso en navegación en modo incógnito o mediante VPN.
“En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran plataforma tecnológica”, afirmó el mandatario, al referirse al caso.
Para especialistas en derecho digital y medios, la sentencia podría abrir la puerta a reclamos similares en otros países europeos y en América Latina, donde también existen disputas por el uso de datos personales, la publicidad digital y el rol de las plataformas tecnológicas en el ecosistema informativo.