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Pablo Chalcoff nació en Salta. Estudió Derecho en Buenos Aires. Fue becario internacional (Agencia Española de Cooperación Internacional) para realizar un Doctorado en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, España, entre 1998 y 2001. Fue profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires entre 2002 y 2003. Es especialista en el conflicto de Medio Oriente.
El escenario de violencia que atraviesa Medio Oriente durante el último año ha expuesto tensiones geopolíticas, religiosas y jurídicas que exceden ampliamente un enfrentamiento territorial puntual.
Desde el derecho internacional y los derechos fundamentales, Chalcoff ofrece una lectura amplia del conflicto, analiza el rol de los distintos actores regionales y globales, y reflexiona sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional ante una crisis de alcance estructural.
Desde su formación en derechos fundamentales, ¿Cómo analiza el desarrollo del conflicto entre Israel y Gaza durante el último año y qué elementos le parecen centrales para entender el momento actual?
Desde una perspectiva conceptual, hablar del "conflicto entre Israel y Gaza" implica una reducción excesiva que impide comprender lo que realmente está ocurriendo. En rigor, se trata de un conflicto más amplio: el del mundo musulmán con una visión yihadista. Entre esos actores, Irán ocupa un lugar central. Desde 1979, tras la Revolución Islámica, Irán fomenta el terrorismo internacional y mantiene como uno de sus objetivos declarados la destrucción del Estado de Israel, con amenazas constantes y el desarrollo de tecnología nuclear para armas de destrucción masiva.
Irán ha financiado y creado alrededor de Israel lo que se denomina "anillos de fuego". En Gaza, desde 2007 gobierna Hamas, grupo terrorista que sigue filosóficamente las ideas de la Hermandad Musulmana, surgida en 1928 en Egipto, cuyo objetivo es convertir en tierra del Islam todo lo que consideran sagrado: desde la península arábiga hasta el norte de África y algunas zonas de Europa, donde ya tienen control de representantes locales, como intendentes y otros funcionarios, en países como Bélgica e Inglaterra.
Por lo tanto, el conflicto no es entre Israel y Gaza. Es mucho más complejo y está impulsado desde Irán, que también ha influido en otros escenarios. En el Líbano, Hezbollah ha tenido un papel destacado y fue responsable de los atentados en Argentina contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Qatar, país sunita con liderazgo alineado con los Hermanos Musulmanes, también ha financiado y apoyado esta estrategia impulsada por Irán.
Grupos como Hamas, la Yihad Islámica y otros operan dentro de este entramado internacional. En Yemen, los hutíes —también chiítas y bajo influencia iraní— han desarrollado una guerra activa, enviando misiles de manera constante hacia Israel.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el escenario es preocupante. Actores como Irán operan completamente por fuera del derecho internacional. Aunque formen parte de las Naciones Unidas, se trata de dictaduras donde no existe la democracia. Esto genera un primer gran problema: la ONU y sus instituciones se encuentran en decadencia y no logran garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales.
A esto se suma un sesgo evidente en la observación internacional. Israel es acusado falsamente de crímenes por actores con intereses parciales y con la complicidad de sectores importantes de la comunidad internacional que aplican un doble estándar evidente. Muchos ni siquiera intentan ocultar sus prejuicios antijudíos, mientras verdaderos genocidios y hambrunas ocurren en otras regiones del mundo sin despertar mayor preocupación. Israel es la única democracia de Medio Oriente y el único Estado judío del planeta, algo inaceptable para la mayoría de los países de la región.
Estos prejuicios se reflejan en organismos internacionales donde dichos países cuentan con mayoría. Un ejemplo claro es la Corte Penal Internacional, donde se observa un manejo político y tendencioso por parte de los jueces que la integran, pese a que Israel no forma parte de ese tribunal.
El panorama desde el punto de vista de los derechos fundamentales es profundamente desalentador, no solo en Medio Oriente, sino en gran parte del mundo. Cualquier análisis serio requiere una mirada amplia y un conocimiento histórico profundo para poder comprender la complejidad del conflicto en su totalidad.
La situación en Gaza volvió a generar una fuerte preocupación internacional. Desde el derecho internacional humanitario, ¿Qué desafíos y tensiones plantea este escenario, especialmente en relación con la protección de la población civil?
El conflicto no se limita a Gaza, sino que atraviesa a todo Medio Oriente. Gaza es un territorio que desde 2007 está gobernado por una organización terrorista cuyo objetivo central es la destrucción del Estado de Israel. Ese año, tras ganar las últimas elecciones, Hamas tomó el poder por la fuerza, persiguió y asesinó a las autoridades de Palestina y sometió a su propia población civil mediante un control absoluto y sin límites, una situación que continúa hasta el día de hoy. Este dato es central para cualquier análisis serio sobre la viabilidad de un Estado palestino.
El intento de construir en Gaza un Estado palestino derivó en la consolidación de una base terrorista desde la cual se atacó de manera sistemática a Israel, hasta que el 7 de octubre de 2023 esos ataques se transformaron en una invasión a un país soberano. A partir de ese momento, Israel tuvo la obligación jurídica y moral de defender a su población. Israel no inició esta guerra ni la buscó; respondió luego de la peor masacre contra el pueblo judío desde el nazismo.
Sin embargo, ese hecho central fue rápidamente relativizado o directamente ignorado por amplios sectores de la comunidad internacional. La solidaridad inicial duró apenas unas horas: luego el relato se invirtió y comenzaron las acusaciones de genocidio, colonialismo e incluso nazismo, una comparación particularmente ofensiva y dolorosa para el pueblo judío por razones históricas evidentes.
La reacción internacional fue dispar y, en muchos casos, atravesada por intereses políticos internos. En países como España, donde existe un profundo conflicto político marcado por la corrupción y el mal gobierno, el conflicto en Medio Oriente ha sido utilizado para desviar la atención de los problemas internos.
Ejemplo de ellos, es el actual gobierno español, el cual llegó al poder mediante una coalición con partidos de extrema izquierda que justifican dictaduras como la de Maduro en Venezuela y se alinean con posiciones altamente cuestionables a nivel internacional. Esa "preocupación" selectiva responde muchas veces más a intereses políticos que a una defensa genuina de los derechos humanos.
Hoy existen más de cincuenta guerras activas en el mundo que deberían alarmar seriamente a la comunidad internacional. Basta pensar en la guerra entre Rusia y Ucrania, con miles de civiles muertos y ciudades bombardeadas a diario.
Por eso, la preocupación internacional por Gaza debe entenderse dentro de un juego geopolítico más amplio, donde países como Irán, Qatar o Turquía fomentan activamente distintos conflictos.
Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, el Estado de Israel cumple ampliamente con las normas vigentes. Esto no implica negar las muertes de civiles, que siempre son trágicas, independientemente del lado en el que ocurran. Sin embargo, muchas de esas muertes son consecuencia directa de la estrategia deliberada de Hamas de utilizar a la población civil como escudos humanos, con el objetivo de exponer a Israel mientras lo enfrenta en múltiples frentes.
Israel ha debido enfrentar simultáneamente a Hezbollah en el norte, grupo terrorista que controla gran parte del Líbano; a Siria, primero bajo el régimen de Bashar al-Assad y luego frente a distintos grupos extremistas; a milicias chiítas en Irak; y a los hutíes en Yemen, que han lanzado misiles hacia Israel. Se trata de un escenario bélico de enorme complejidad.
En ese contexto, Israel se enfrenta a un grupo terrorista profundamente violento que se incrusta de manera deliberada en zonas urbanas densamente pobladas. Hamas instaló arsenales, centros de comando y lanzaderas de misiles en escuelas, hospitales y mezquitas, sabiendo que cualquier respuesta militar implicaría operar en áreas con presencia civil. Aun así, Israel implementa mecanismos de advertencia previa inéditos en conflictos de esta magnitud: mensajes directos, panfletos, avisos visuales y llamados a la evacuación. Estas medidas no eliminan completamente el riesgo ni el daño, pero demuestran un esfuerzo concreto por cumplir con las normas del derecho internacional humanitario
A ello se suma la existencia comprobada de cientos de kilómetros de túneles subterráneos, construidos durante años con financiamiento proveniente principalmente de Irán y Qatar. Esos fondos no se destinaron a salud, educación, vivienda o desarrollo social, sino sistemáticamente a la guerra.
Israel no niega que en toda guerra puedan cometerse excesos o crímenes. La diferencia fundamental es que, como la única democracia plena de Occidente en Medio Oriente, cuenta con instituciones capaces —y obligadas— a investigar y juzgar a sus propios funcionarios y fuerzas armadas si se verifican violaciones a la ley. Si se cometieron excesos, deben ser investigados y sancionados con todo el peso del derecho.
La pregunta que rara vez se formula es quién juzga a Hamas. Quién sanciona a una organización que utiliza niños como herramienta de propaganda, que secuestra, tortura y asesina civiles, y cuyos primeros asesinados y secuestrados el 7 de octubre se encontraban en un festival de música, es decir, personas que creían en la convivencia y en la solución de dos Estados.
Todo esto deja en claro que el objetivo de Hamas no es la creación de un Estado palestino viable, sino la destrucción del Estado de Israel. En esos términos, cualquier acuerdo se vuelve imposible. Se trata de un conflicto esencialmente religioso, no territorial. Si fuera territorial, se habría resuelto hace décadas. Israel ha ofrecido en múltiples oportunidades la creación de un Estado palestino, pero esas propuestas fueron rechazadas, y en su lugar se consolidó en Gaza un Estado terrorista.
El 7 de octubre de 2023 dejó esta realidad brutalmente expuesta.
La liberación de rehenes fue un episodio sensible. ¿Qué efecto tuvo en las negociaciones y en el clima interno de Israel?"
La toma de rehenes fue uno de los objetivos centrales del ataque del 7 de octubre. Hamas ya había utilizado esta estrategia antes, como en el caso del soldado Gilad Shalit, por quien Israel liberó a más de mil terroristas, entre ellos Yahya Sinwar, luego líder de Hamas y principal ideólogo de la masacre de 2023.
Israel no solo tuvo que enterrar a más de 1.200 personas asesinadas con extrema crueldad -incluyendo violaciones, torturas y el exterminio de familias enteras, sino que también debió enfrentar la angustia de 251 secuestrados, entre ellos bebés, niños y ancianos. Dos de esos niños asesinados eran argentinos: Kfir y Ariel Bibas. La magnitud y crueldad de los hechos sumieron a la sociedad israelí en una profunda conmoción y reabrieron un debate interno sobre los límites de la negociación con organizaciones terroristas.
La crisis de los rehenes fue concebida deliberadamente para generar fracturas dentro de la sociedad israelí. Mientras un sector sostenía que no debía negociarse bajo ningún concepto para evitar repetir errores históricos que fortalecieron al terrorismo, la mediación internacional, encabezada por Estados Unidos, permitió alcanzar un cese del fuego parcial y la liberación de varios rehenes. Su retorno alivió de manera significativa la tensión social, aunque los sobrevivientes denunciaron graves abusos físicos y psicológicos durante el cautiverio.
La devolución de los cuerpos de las víctimas también permitió a numerosas familias iniciar el cierre de procesos de duelo profundamente dolorosos, un aspecto central para Israel, que otorga un valor inconmensurable a cada vida humana, así como a la recuperación de los restos de quienes han fallecido. No obstante, al menos un soldado israelí de 24 años, caído en defensa de su comunidad, continúa sin que sus restos hayan sido restituidos.
Israel mantiene que la paz, tal como se la concibe en el mundo judeocristiano occidental, resulta inviable mientras Hamas conserve como objetivo declarado la destrucción del Estado israelí. La organización terrorista ha reiterado que no se desarmará bajo ninguna circunstancia y aún mantiene a un secuestrado en cautiverio. La entrega total de los rehenes y de los cuerpos de los fallecidos, junto con el desarme del grupo, siguen siendo condiciones fundamentales para cualquier acuerdo duradero.
En paralelo, existe plena conciencia dentro de la sociedad israelí de que muchos de los prisioneros palestinos liberados, varios de ellos con antecedentes por delitos graves, podrían reincidir en actividades terroristas, perpetuando el ciclo de violencia. Aun así, la recuperación de los rehenes con vida y el cierre parcial de heridas abiertas desde el 7 de octubre permitieron alcanzar una relativa calma interna, aunque bajo la persistente amenaza de una reanudación del conflicto.
Estados Unidos tuvo un rol relevante en las instancias de mediación. ¿Cómo evalúa la estrategia de negociación que impulsa y los resultados?
Estados Unidos es el actor principal en las instancias de mediación debido a su poder e influencia global. Apoya a Israel por tratarse de su aliado estratégico y del único país democrático de la región, donde se respetan las libertades individuales, los derechos de las mujeres y la diversidad de pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo mantiene relaciones estrechas con países como Qatar.
Qatar, alineado ideológicamente con los Hermanos Musulmanes, financia y apoya el terrorismo internacional, especialmente a Hamas. Además, ejerce una influencia significativa a nivel global a través de medios de comunicación como Al Jazeera, así como mediante la cooptación de otros espacios mediáticos, lo que le otorga un poder considerable en la construcción de narrativas internacionales.
El rol de Estados Unidos es relevante, pero en ocasiones se percibe como un intento de frenar a Israel incluso cuando logra dominar la situación militar. Un ejemplo fue la llamada "guerra de los doce días" entre Israel e Irán, cuando Estados Unidos intervino para limitar la respuesta israelí, pese a que Israel tenía el control total del espacio aéreo iraní y capacidad para infligir un daño mayor.
Esto se explica por intereses estratégicos: Irán es productor de petróleo y países aliados de Israel, como India, dependen de ese suministro. Donald Trump, como presidente y hábil empresario, maneja múltiples intereses en países como Arabia Saudita, Qatar, Turquía y otros países árabes. Esto genera una política de doble juego: por un lado, respaldo a Israel; por otro, la protección de intereses económicos y geopolíticos propios. Un ejemplo de ello, es la posible venta de aviones F-35 a Arabia Saudita, pese a las objeciones de Israel. En el tablero del poder internacional, Estados Unidos ocupa el primer lugar, con una estrategia que combina apoyo a Israel y la defensa de sus intereses globales.
¿Qué escenarios ve para la evolución del conflicto y hay posibilidad real de desescalada?
Se observa que este conflicto se va a seguir complejizando. Existen actores con gran poder regional y global, como Turquía, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, está alineado con el pensamiento de los hermanos musulmanes y apoya abiertamente a Hamas, viendo con buenos ojos la destrucción del Estado de Israel. Las posibilidades de una desescalada sostenida dependerán de la presión que puedan ejercer países como Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Hasta el momento, no se observan elementos que permitan ser optimistas. La política de Estados Unidos bajo Trump genera incertidumbre y carece de garantías claras. Un ejemplo de ello fue el bombardeo estadounidense a los hutíes, seguido de un acuerdo para que no atacaran intereses estadounidenses, aunque pudieran continuar atacando a Israel. En este contexto, no parece haber condiciones reales para una desescalada sostenida.
El conflicto permanece latente y obliga a Israel a actuar de manera permanente, como ocurre en el sur del Líbano frente a Hezbollah, grupo que el gobierno libanés no puede controlar sin apoyo internacional. Siria, con su conflicto interno, tampoco puede garantizar estabilidad. En el norte operan los kurdos y las Fuerzas Democráticas Sirias, mientras que en el sur la población drusa es atacada por el actual gobierno encabezado por el exterrorista Abu Mohamad al-Golani, lo que genera aún mayor inestabilidad regional. Egipto, por su parte, mantiene una postura ambigua, guiada por intereses propios.
¿Cómo evalúa el liderazgo del gobierno israelí en este contexto: respaldo, desgaste o fragmentación?
Actualmente gobierna en Israel el partido Likud, liderado por Benjamín Netanyahu. Las próximas elecciones están previstas para 2026, aunque, al tratarse de un sistema parlamentario, el gobierno requiere el apoyo de al menos 61 de los 120 miembros del Knéset para mantenerse en funciones. Según las encuestas, Netanyahu conserva un respaldo significativo, aunque el gobierno enfrenta desafíos enormes. Uno de los temas pendientes es la investigación de las responsabilidades políticas y militares por los hechos del 7 de octubre, dado el nivel de indefensión en el que se encontraba Israel frente al ataque masivo de terroristas provenientes de Gaza, que afectó principalmente a la población civil. Israel mantiene una democracia dinámica y en constante debate, y su futuro dependerá del funcionamiento del sistema parlamentario y del proceso electoral. Respecto a la fragmentación y al respaldo social, existen divisiones internas en la sociedad israelí, similares a las que atraviesan otras democracias. Hamas supo aprovechar esas fracturas para ejecutar el ataque del 7 de octubre, en un contexto de fuerte tensión interna. La capacidad de la sociedad israelí para sanar esas grietas será clave, así como la habilidad de sus dirigentes. Como en muchas democracias, el poder político se encuentra cuestionado, influido por debates sobre corrupción y concentración de poder.
¿Cómo cree que se debería abordar la situación de Palestina y el rol de Hamas para avanzar hacia una convivencia respetuosa de los derechos humanos?
Una salida a largo plazo resulta muy difícil de vislumbrar. En el corto y mediano plazo no se observan soluciones claras. Desde una perspectiva judeocristiana occidental solemos buscar caminos de resolución y acuerdos, pero el conflicto de Medio Oriente no puede abordarse bajo los mismos parámetros.
Es extremadamente difícil negociar cuando una de las partes persigue abiertamente la aniquilación del otro. La sociedad palestina ha atravesado un proceso de radicalización sostenido, impulsado por políticas educativas y culturales que inculcan desde la infancia visiones extremas e intolerantes. El lema "del río al mar" refleja esa postura, al negar la existencia del Estado de Israel, un país de alrededor de diez millones de habitantes, donde el 20 % de la población es musulmana y cuenta con plenos derechos civiles y políticos. A pesar de su reducido tamaño territorial - superficie menor que la provincia de Tucumán-, Israel se presenta como una sociedad con amplias libertades y respeto por los derechos individuales, incluyendo la igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres, en contraste con la realidad de varios países vecinos - Arabia Saudita o Siria-. Sin embargo, para los sectores más radicalizados, como Hamas y parte de quienes lo apoyan, la única salida al conflicto es la eliminación de Israel y del pueblo judío, una visión que se transmite desde edades tempranas y cuya modificación requiere tiempo y voluntad política, hoy ausentes en la región. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la tradición judeocristiana considera la vida humana como un valor sagrado, principio que choca de manera directa con interpretaciones extremistas del yihadismo, que niegan derechos básicos, afirmando que solo los musulmanes tienen derechos y que los demás "herejes" pueden ser marginados y/o exterminados. Esta diferencia de valores impide consensuar principios fundamentales como la libertad, la igualdad de género o la libertad religiosa.
En este contexto, la educación y la cultura aparecen como herramientas clave para promover el respeto, la convivencia y los valores democráticos.
El conflicto de Medio Oriente pone en evidencia, de forma cruda, la tensión entre valores universales y visiones extremas que buscan la destrucción del otro.