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El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles 10 de diciembre de 2025 en La Paz, en el marco de una investigación por presunta corrupción asociada al manejo de fondos públicos destinados al Fondo Indígena, un programa de financiamiento para proyectos rurales e iniciativas de comunidades originarias. La detención, confirmada por fuentes judiciales y organismos de seguridad, se produjo poco más de un mes después de que Arce concluyera su mandato presidencial, lo que marca un hecho inusual en la política boliviana reciente.
Cómo fue el operativo policial
Según información difundida por medios bolivianos y reportes internacionales, la orden de detención fue ejecutada en el barrio Sopocachi, cuando Arce se encontraba en la vía pública. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo trasladaron a dependencias policiales para su notificación formal y posterior declaración. La Fiscalía aún no divulgó el detalle completo de los cargos, aunque se confirmó que el caso está ligado a presuntas irregularidades ocurridas cuando Arce se desempeñaba como ministro de Economía en gobiernos anteriores.
Qué investiga la Fiscalía: el rol del Fondo Indígena
La causa centra su acusación en posibles desvíos y uso indebido de recursos del Fondo Indígena, un organismo que entre 2006 y 2014 manejó importantes montos destinados al desarrollo rural y comunitario. De acuerdo con la investigación, distintos proyectos habrían sido financiados sin ejecución real o con rendiciones irregulares, lo que derivó en un extenso proceso judicial con ramificaciones políticas. La Fiscalía sostiene que Arce habría tenido participación en la autorización o supervisión de parte de esos fondos.
Reacciones políticas: denuncias de arbitrariedad
La exministra de la Presidencia María Nela Prada, cercana a Arce, calificó la detención como un “secuestro”, al asegurar que el exmandatario no había sido citado previamente a declarar y que el operativo se realizó sin notificación formal. Desde el entorno del expresidente se acusa una persecución política, mientras que voceros del nuevo gobierno boliviano remarcaron que la investigación es estrictamente judicial y que no se intervendrá en las decisiones del Ministerio Público.
Un arresto en un momento de transición institucional
La detención ocurre en un contexto de cambio político en Bolivia: Arce había dejado el poder el 8 de noviembre de 2025, y un nuevo gobierno ya se encontraba reorganizando la agenda institucional. La causa, que llevaba años de acumulación de denuncias, tomó impulso tras el traspaso de mando y se convirtió en uno de los primeros desafíos legales de la nueva administración.
Qué se sabe y qué falta por definirse
Hasta el momento no se difundió el detalle completo de los cargos ni la situación procesal final que enfrentará Arce. Se espera que en los próximos días la Fiscalía presente el informe ampliado de imputación, con el desglose de pruebas, testimonios y auditorías vinculadas al Fondo Indígena. También deberá resolver si solicitará prisión preventiva, medidas sustitutivas o libertad mientras avanza la investigación.
Un caso que puede marcar un precedente en Bolivia
La detención de Luis Arce abre un nuevo capítulo en las tensiones políticas del país y podría convertirse en un precedente sobre la responsabilidad penal de las máximas autoridades una vez finalizados sus mandatos. El avance del expediente y las decisiones judiciales serán clave para determinar si se trata de un proceso con sustento jurídico sólido o de un nuevo episodio de confrontación política en Bolivia.