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La causa por trata laboral y fraude que involucra a un empresario porteño radicado hace unos años en Rosario de Lerma vuelve a ganar fuerza: seis personas más se sumaron en las últimas horas al reclamo, y se espera que mañana se presenten en los estudios de los abogados Nicolás Vedia y Céstaro para formalizar nuevas denuncias.
Con estos casos, ya son más de 30 los trabajadores salteños perjudicados, entre ellos vecinos de Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera y otras localidades salteñas. Según señaló el abogado Vedia a El Tribuno, aún hay personas salteñas trabajando en las obras cuestionadas, lo que demuestra "la gravedad de esta organización delictiva" que, afirma, actuó mediante maniobras propias de delitos contra las personas, con estructura, roles y socios definidos.
"Esta empresa es una maniobra, una organización que comete delitos. En temas de estafa y trata, siempre hay un grupo que arma estas maniobras". El letrado sostuvo que los responsables intentaron burlarse tanto de la Justicia Federal de Buenos Aires y San Isidro como de la justicia salteña, negando vínculos laborales con los trabajadores y rechazando cualquier responsabilidad. A pesar de ello, la Justicia de Salta sí reconoció los elementos de trata laboral, razón por la cual habilitó el reclamo indemnizatorio local, a diferencia de la postura de los representantes de la empresa, quienes insistían en que el caso debía tramitarse en Buenos Aires.
El sobreseimiento
En medio del avance del expediente, se confirmó el sobreseimiento de Cristian Sajama, uno de los dos primeros trabajadores que iniciaron la demanda junto a Oscar Quipildor. Ambos están reclamando al empresario Pellegrino, a quien señalan como responsable de las condiciones inhumanas que padecieron. Sajama reforzó que los abogados de Buenos Aires intentaron desanimarlos asegurando que Salta "no tenía competencia" y que, si querían justicia, debían costear viajes, estadías y representación legal en Capital Federal. "Nos dijeron que la Secretaría de Trabajo es incompetente y que nuestro caso debía desarrollarse en Buenos Aires. O sea que, además de víctimas, teníamos que pagar todo para reclamar".
Esperan que hablen
Vedia y los trabajadores concluyeron "les pedimos a todas las víctimas salteñas que hagan valer sus derechos. Han padecido cosas inhumanas. Fueron más de treinta o cuarenta afectados. Esto no puede repetirse en Rosario de Lerma ni en ninguna parte de la provincia porque es inhumano".
La Cámara de Diputados recibirá en las próximas horas una nota acompañada del recorte periodístico de El Tribuno, para que emita una declaración de anhelo exhortando a la Dirección de Trabajo, la Dirección de Trata, el Gobierno provincial y el Poder Judicial a intervenir con mayor firmeza.
La conexión colombiana
Durante la entrevista, Sajama confirmó que el empresario salteño tenía un socio colombiano, identificado como Antonio Yepes Gaviria. Se trata de un personaje con antecedentes: en 2013 fue detenido por lavado de dinero, investigado como miembro de una organización narco que traficaba cocaína hacia Holanda, y con vínculos con uno de los apellidos más conocidos del narcotráfico: los Gaviria, ligados a Pablo Escobar.
Uno de los datos que más preocupa es que, según Vedia, las obras involucradas siguen funcionando, y habría salteños que aún trabajan en ellas bajo condiciones dudosas, temerosas de denunciar. Quipildor, quien hacía tareas de terminación en countries de Buenos Aires, recordó que nunca les informaron para quién trabajaban y que recién al acceder a la causa federal se enteraron del entramado empresario y de los antecedentes de quienes estaban detrás.