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La asunción de Ernesto Fernando "Kila" Gonza como concejal de San Lorenzo para el período 2025-2029 quedó envuelta en una fuerte controversia política e institucional, luego de que el Concejo Deliberante rechazara una resolución que proponía suspender preventivamente su incorporación al cuerpo, pese a que el exintendente arrastra una condena penal en doble instancia por delitos contra la administración pública, una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una reciente declaración de rebeldía con orden de detención dictada por el Tribunal de Impugnación de Salta.
Gonza, exintendente, fue condenado en 2022 por fraude en perjuicio de la Municipalidad de San Lorenzo y por peculado de trabajos y servicios. En aquella sentencia, dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Posteriormente, la Sala IV del Tribunal de Impugnación hizo lugar al recurso de casación presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, confirmó su responsabilidad penal como autor material de los delitos mencionados y dejó sin efecto la condicionalidad de la pena, ordenando la realización de una audiencia de visu para definir la sanción definitiva.
En noviembre de este año, el mismo Tribunal de Impugnación resolvió declarar la rebeldía de Gonza y ordenar su detención inmediata, luego de que el exintendente no se presentara a una audiencia clave para la continuidad del proceso, pese a haber sido debidamente notificado. Esa audiencia, que debía avanzar en la definición de la pena, fue suspendida en varias oportunidades, circunstancia que terminó incidiendo directamente en el escenario político que permitió su llegada al Concejo Deliberante.
En ese contexto, durante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de San Lorenzo, el concejal Juan Pablo Dávalos (La Libertad Avanza) presentó una resolución que proponía suspender preventivamente la asunción de Gonza hasta tanto el cuerpo analizara formalmente su situación y resolviera si existía una incapacidad moral sobreviniente.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Según explicó Dávalos, la resolución no alcanzó la mayoría agravada necesaria debido al voto negativo de la concejala Agustina Rodríguez Laconi, a quien señaló como el voto clave que impidió la suspensión. De ese modo, Gonza quedó habilitado para asumir su banca. El edil expresó públicamente su asombro y su malestar por el resultado de la votación, sostuvo que la figura de la inhabilidad moral sobreviniente estaba plenamente configurada y consideró que permitir la asunción de una persona condenada lesionó la imagen institucional del Concejo.
Dávalos también deslizó la sospecha de que existieron acuerdos políticos internos para evitar la exclusión de Gonza, vinculando esa decisión con la conformación de las autoridades del cuerpo deliberativo. Si bien aclaró que se trataba de una apreciación personal, afirmó que el resultado dejó una "mancha" sobre el funcionamiento del Concejo y sobre la responsabilidad ética de quienes votaron en contra de la suspensión.
Dávalos se refirió a Carlos Maldonado también de LLA, quien quedó como presidente del Concejo.
Además de Maldonado, votaron en contra de la suspensión de la asunción, el hermano del Kila, Aldo Gonza; y Agustina Rodríguez Laconi. A favor de la suspensión, votaron Dávalos, Guadalupe Sosa y Agustina Saravia.