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El episodio que se vivió en las primeras horas de la mañana en la Ciudad Judicial de Tartagal volvió a poner en el centro del debate público la complejidad que rodea a los embarazos en niñas. Una menor de 12 años, acompañada por familiares y referentes de su comunidad originaria, decidió encadenarse en la puerta del edificio judicial para expresar su voluntad de continuar con su embarazo, cuyo padre es un adolescente de 14 años.
Lejos del tono estrictamente judicial, la escena dejó ver un cuadro social profundo: una niña que desde su primer control prenatal, según confirmaron fuentes sanitarias, manifestó su deseo de no acceder a una interrupción del embarazo, aun cuando el caso se enmarca legalmente como abuso sexual por tratarse de menores de edad.
“Es un embarazo de alto riesgo”
Desde el sistema de salud provincial, la doctora Patricia Leal, directora de Maternoinfancia del Hospital Materno Infantil, explicó que la prioridad es resguardar la salud integral de la menor, en un proceso que implica riesgos clínicos severos por su edad. “Es riesgoso cualquier embarazo a una edad tan temprana. Desde Salud acompañamos y adecuamos el seguimiento. La voluntad de la niña es continuar, entonces nosotros vamos a seguir controlando. Nadie va a obligar a nadie a interrumpir el embarazo, sí acompañamos”, sostuvo la profesional, enfatizando el rol sanitario de contención y evaluación permanente.
La menor fue internada para la realización de estudios completos. “Se le hizo todo lo necesario, está siendo acompañada de manera puntual por el Materno Infantil. Es un embarazo de alto riesgo, pero tenemos personal capacitado para el seguimiento”, agregó Leal.
La médica también aclaró que el Ministerio de Salud no tiene injerencia en las decisiones emanadas desde el Poder Judicial: “La orden de la Justicia es algo que ellos determinan. Nosotros no obligamos ni dejamos de obligar: brindamos atención”, puntualizó.
“La ley es clara, no hay excepciones”
Mientras se desarrollaba la protesta en la puerta del edificio, la titular del área de Niñez, Paula Tackzek, sostuvo públicamente que el deber del Estado es aplicar la legislación vigente en materia de protección de derechos de la niñez.
“Más allá de las manifestaciones de la niña, la legislación es clara: una menor de edad no puede consentir relaciones sexuales. Cualquier vínculo de este tipo constituye abuso sexual, sin excepciones culturales o interpretativas”, afirmó.
Tackzek subrayó que el objetivo del Estado es “garantizar la protección por encima de la voluntad expresada, porque a los 12 años no existe la madurez suficiente para dimensionar riesgos, consecuencias físicas y emocionales”.
El proceso judicial que ahora define el futuro inmediato de la menor abrió una conversación interna en distintos organismos provinciales sobre cómo se articula realmente el sistema de protección, más allá de lo que establecen los manuales y protocolos.
En este caso conviven dimensiones que rara vez aparecen juntas con tanta fuerza: por un lado, el impacto sanitario de un embarazo que a los 12 años supone riesgos concretos para la salud; por otro, la necesidad de que los equipos técnicos comprendan el contexto comunitario en el que la niña creció y desde el cual sostiene su decisión. A esto se suma la responsabilidad del Estado, que debe intervenir aun cuando las voluntades expresadas entren en tensión con la legislación vigente.
Lejos de los esquemas habituales, los equipos que trabajan en la zona norte reconocen que la situación exige seguir paso a paso el desarrollo del embarazo, contener emocionalmente a la menor y acompañar a una familia que enfrenta su primera experiencia con instancias judiciales. Todo esto mientras se evalúan las rutas de cuidado que deberán activarse más adelante, cualquiera sea la decisión que adopte la Justicia.