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El deterioro de la ruta nacional 34, vital para la producción y el transporte internacional con Bolivia y Paraguay, arrastraba más de ocho meses sin mantenimiento. Velocidades reducidas a 60 km/h, daños en vehículos y accidentes fatales eran el saldo de transitar un corredor que debería garantizar seguridad y conectividad.
El inicio de los bacheos no fue fruto de una política planificada, sino del amparo colectivo presentado por unos 30 vecinos de Tartagal junto al senador Sergio Leavy. La acción incluyó denuncias penales contra el presidente de la Nación, el ministro de Infraestructura por los perjuicios ocasionados.
“No es la solución definitiva”
El abogado Facundo Maciel, patrocinante de la causa, subrayó que lo reclamado no es un simple tapado de pozos, sino una reparación integral: repavimentación, banquinas seguras, señalización y reposición total en los tramos más dañados. “La ruta está destruida y lo que está en juego son vidas y bienes de miles de personas”, afirmó.
Maciel recordó que Vialidad Nacional continúa siendo responsable del mantenimiento, pese al intento del Ejecutivo de desarticular el organismo. Mientras tanto, se espera que la justicia resuelva la demanda y obligue a una reparación completa.
Aunque los trabajos en marcha representan apenas un alivio transitorio, el caso marca un precedente jurídico. Demuestra que la vía judicial puede forzar respuestas de un Estado que se resiste a invertir en infraestructura. Para las comunidades del norte salteño, la pelea recién comienza: su objetivo es lograr que la ruta 34 vuelva a ser segura y transitable en toda su extensión.