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La movilización contra el veto a la ley de financiamiento universitario volvió a mostrar el nivel de sensibilidad que genera este tema entre la ciudadanía. Esa Ley fue sancionada por una iniciativa de la oposición en el Congreso y establece "la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales" con la actualización del Presupuesto 2023, lo cual supone un aumento del 211,4%, más un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Según datos del Indec, la remuneración docente se encuentra un 8% por debajo del personal del Estado y un 21% con respecto de los salarios del empleo privado registrado.
En julio, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva y 10 años de antigüedad percibió $540 mil. Un deterioro del poder adquisitivo del 23% en términos reales respecto a noviembre de 2023 y un 44% contra agosto de 2015. El veto de la ley dispuesto por el presidente Javier Milei pocas horas después de la marcha señala que "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional".
La movilización del miércoles fue mucho menos impactante que la de abril, probablemente, por la politización que le imprimieron Pablo Moyano, Sergio Massa, Cristina Kirchner y otras figuras cuya imagen negativa diluye la legitimidad del reclamo.
Una institución vital
De todos modos, la universidad es una institución vital para el desarrollo de una Nación y el acceso a la educación pública es un derecho instituido por la Constitución nacional, por lo cual el Estado está obligado a garantizarlo.
Desde 2011 a la fecha, mientras el PBI per capita del país caía el 11% debido a una economía errática inspirada en el deseo más que en la realidad, el gobierno kirchnerista creaba universidades al por mayor, que se iban convirtiendo en bunkers políticos, sin que se garantizara el financiamiento que no fuera la emisión sin límites.
No es cierto que el gobierno proyecte cerrar la universidad. Sin embargo, el presidente Milei debería pensar en la universidad pública como un bien a mantener y mejorar, sin caer en simplismos como el que suele repetir acerca de que "la universidad envenena las mentes de los alumnos con doctrina marxista".
Solo 10% de los jóvenes de hogares con menos ingresos llega a la universidad. Entre los de mayores ingresos, accede la mitad. En los terciarios también hay disparidad: el 17,5% contra 52,3%. La deserción amplía la inequidad.
El futuro de generaciones enteras no puede quedar librado a una lucha entre dogmatismos, que no es más que duelos irracionales por el poder.
La educación necesita excelencia porque es imprescindible para la paz social. No puede aceptarse que un docente universitario gane la tercera parte que un empleado recién ingresado a un banco, por ejemplo.
Los países que han logrado un sorprendente nivel de desarrollo humano, como Finlandia y Corea, lo hicieron priorizando la educación y la investigación en todos sus niveles. Y, por eso, jerarquizan el cargo docente con una elevada exigencia en la formación profesional y un reconocimiento público equivalente al de un magistrado.
Nada de eso ocurre en la Argentina. Así se explica el espiral de pobreza estructural que se desencadenó a partir de 2001. La democratización de la educación no se logra con relatos milenaristas y sin sustento, como los que cultiva el kirchnerismo. Pero la politización de la universidad no se corrige con motosierra sino con un Ministerio de Educación a cargo de funcionarios con visión pedagógica y capacidad de conducir un nuevo camino; con las instituciones, no contra ellas.ç
En 25 años, el aparato científico del país ha retrocedido en su producción con respecto a Colombia, Brasil, Chile y México. El Estado no puede desentenderse de este problema porque, de ese modo, sólo profundizará el atraso.
Hay que asumir que la educación es un servicio esencial e insoslayable, que ningún país civilizado la deja en manos del azar del mercado y, mucho menos, de ideas dogmáticas de izquierda o derecha.
El bajísimo nivel de lectura comprensiva y capacidad de cálculo matemático de los egresados de la enseñanza media debería ser una alerta tan preocupante como la inflación o el déficit.
Un informe de la fundación Argentinos por la Educación señala que el 80% de las personas activas con nivel educativo universitario completo tienen empleo pleno, en contraste con el 41% de los que solo completaron el nivel educativo medio y el 15% de los que tienen nivel educativo bajo.
Sin tiempo que perder
No hay excusas, la sociedad y cada ciudadano necesitan dinamizar sin demoras a todo el sistema educativo. Cada año que se pierda producirá un nuevo retroceso.
Durante 2022, los recursos públicos destinados a las 61 universidades nacionales representaron el 0,68% del PIB. Este año y el que viene apenas superaría el 0,5%.
Si hay dudas acerca del destino de los fondos, para eso existe la posibilidad de dialogar con los rectores y efectuar auditorías. Si se considera que la investigación científica debe priorizar determinados temas en función de la realidad social y el desarrollo, es necesario establecer acuerdos.
El problema de la universidad no es solo salarial. El ataque a cascotazos contra dos diputados y un funcionario de LLA en la Universidad de La Plata, sin intervención de las autoridades, también contribuye a explicar el retroceso educativo.
Pero en un país erosionado por la inflación, el déficit y la desinversión, la optimización de todos los niveles de la enseñanza, el desarrollo de carreras técnicas más breves y especialmente, el sostenimiento de la universidad como un patrimonio indelegable trazarán el camino más seguro para salir del estancamiento.