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La comisión investigadora del caso $LIBRA, conformada por diputados opositores y oficialistas (que se mostraron en contra del documento), presentó su informe final de 205 páginas, donde concluye que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei tuvieron un rol central —por acción y por omisión— en la maniobra que derivó en una presunta estafa de alcance internacional.
El documento afirma que el Presidente brindó una “colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”, lo que permitió que la criptomoneda alcanzara un volumen de compras que, sin su intervención, “no habría existido”. Como consecuencia, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, incluyendo 498 usuarios que perdieron más de US$ 100.000 cada uno.
La comisión señala que, por estas conductas, corresponde que el Congreso evalúe si Milei incurrió en mal desempeño, lo que podría habilitar un eventual proceso de juicio político. Aunque aclaran que es difícil que avance —por la nueva composición legislativa— sostienen que “las conclusiones no pueden estar sujetas a especulaciones políticas”.
Promoción presidencial, reuniones sin registrar y vínculos previos
El informe destaca que el Presidente publicó en su cuenta de X un número de contrato que no era de acceso público y que nunca explicó cómo obtuvo. Ese hecho, subrayan, refuerza la hipótesis de un vínculo previo con los creadores de $LIBRA.
Además, los diputados confirman un patrón que consideran propio de un “esquema de fraude planificado”:
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fuerte concentración inicial,
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promoción por parte de una figura pública,
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ingreso masivo de compradores
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y retiro de fondos, lo que produjo el desplome del valor.
“Estamos en condiciones de confirmar que $LIBRA es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, expresó el diputado Oscar Agost Carreño.
“Sin tuit no había estafa”, reforzó la legisladora Julia Strada.
“Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial”, añadió Juan Marino.
La comisión también señala que hubo 16 reuniones entre el Presidente y los principales actores de la maniobra —entre ellos los lobistas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, el empresario Hayden Davis y el operador Sergio Morales— de las cuales solo cuatro fueron registradas formalmente.
Todos los ingresos, agrega el documento, fueron autorizados por la Secretaría General dirigida por Karina Milei, quien “facilitó instalaciones oficiales y el acceso al Presidente”.
“Circo montado”: la defensa del oficialismo
Desde La Libertad Avanza, el diputado Nicolás Mayoraz rechazó las conclusiones del informe y sostuvo que la investigación fue “un circo montado” por la oposición. “No pudieron disimular desde el primer momento la animosidad que tenían”, afirmó.
El oficialismo también negó que exista relación alguna entre Milei y los creadores de la criptomoneda.
Denuncias contra funcionarios y cuestionamientos a la Justicia
La comisión anunció que realizará denuncias por incumplimiento de deberes contra los funcionarios del Ejecutivo que no asistieron ni colaboraron con la investigación:
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Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia),
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Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción),
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Paul Starc (UIF),
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María Florencia Zicavo (Unidad de Investigación sobre $LIBRA),
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Roberto Silva (CNV).
También denunciarán al juez Marcelo Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura y al fiscal Eduardo Taiano, por “mal desempeño” y por negarse a colaborar en el envío de información.
“La Justicia no cooperó y eso obstaculizó la investigación”, sostiene el texto.
Las conclusiones
Entre los puntos más relevantes del documento, la comisión sostiene que:
• $LIBRA no fue un hecho aislado: se repite un patrón similar al caso $KIP, otra criptomoneda promovida por Milei en 2024.
• Existieron vínculos económicos directos entre Novelli, Terrones Godoy, Davis y Morales, con movimientos financieros previos de hasta US$ 300.000.
• La promoción presidencial comprometió la investidura, desdibujando límites entre lo público y lo privado.
• Milei nunca explicó cómo obtuvo el número de contrato del token, información no pública.
• Sin su promoción, el volumen de compras no habría existido.
• Hubo reuniones no registradas oficialmente con los creadores de la cripto.
• La Secretaría General (Karina Milei) autorizó todos los ingresos de los protagonistas de la maniobra.
• Hubo falta de controles estatales y ausencia de evaluaciones técnicas antes de la difusión del proyecto.
• La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación actuaron con secretismo, sin voluntad de esclarecer los hechos.
• La Justicia y el Ministerio Público Fiscal no cooperaron con la Comisión.
• Existen elementos que sugieren una posible violación a la Ley de Ética Pública.
El informe será elevado a todas las bancadas del Congreso. La recomendación de evaluar un juicio político dependerá de la Comisión de Juicio Político, que deberá definir si abre o no el proceso.
Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación penal sobre la presunta estafa internacional que afectó a miles de usuarios.