inicia sesión o regístrate.
El proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Manejo del Fuego ha desatado un frente de conflicto político, generando una rara coincidencia en el rechazo conjunto entre el peronismo y el PRO. Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas del Consejo de Mayo y busca modificar la ley 26.815, sancionada en 2020 a instancias del entonces diputado Máximo Kirchner.
El anuncio oficial se realizó luego de la última reunión del Consejo de Mayo, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso una serie de reformas estructurales, entre ellas, la modificación de la normativa que regula el uso de tierras afectadas por incendios forestales y rurales.
Desde el oficialismo, sostienen que la ley vigente limita la producción y el desarrollo económico. Y aseguran que la reforma se enmarca en una estrategia para "poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento" y eliminar regulaciones que, según el Gobierno, desalientan la inversión y afectan la propiedad privada.
La primera respuesta llegó desde la provincia de Buenos Aires, donde la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, rechazó la propuesta del Gobierno nacional y defendió la ley actual. Vilar explicó que la normativa busca evitar incendios intencionales utilizados para expulsar productores de sus tierras y facilitar negocios inmobiliarios. "El 95% de los incendios son causados por actividad humana, y muchas veces de forma intencional para quedarse con las tierras a valores bajos", señaló.
Vilar subrayó que la ley no prohíbe la producción ni la venta de tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo durante 30 o 60 años para proteger ecosistemas y comunidades. En su opinión, la modificación de la ley propuesta por el Gobierno sería un retroceso en la protección ambiental.
Por su parte, desde La Libertad Avanza se sostiene que la Ley de Manejo del Fuego "avanza sobre la propiedad privada" y no aborda las causas reales de los incendios. El bloque oficialista presentó una alternativa impulsada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit en la que defienden el derecho de propiedad y critican que la ley actual "estigmatiza a los productores".
Aunque en un principio el Gobierno había considerado derogar la ley mediante un DNU, ahora optó por avanzar con la modificación a través del Congreso.
El rechazo no se limita al oficialismo. Los diputados del PRO también expresaron su oposición, basándose en la presunta inconstitucionalidad de la iniciativa y un indebido avance sobre la propiedad privada. Para el PRO, no se puede prohibir al propietario de un campo modificar el destino productivo de su tierra sin determinar previamente la intencionalidad del incendio.
En febrero, el PRO presentó un proyecto para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales en áreas protegidas, diferenciando las sanciones penales del cambio de uso del suelo. Para la oposición, el foco debe estar en prevenir y sancionar los incendios intencionales, no en restricciones permanentes sobre las tierras afectadas.
Los objetivos de la ley
La Ley de Manejo del Fuego tuvo como objetivo principal prohibir por plazos de 30 a 60 años los cambios en la utilización y destino de las tierras que fueran afectadas por incendios forestales o rurales, ya sean provocados o accidentales.
También busca evitar la especulación inmobiliaria o cambios de uso productivo (como de bosque nativo a agricultura o urbanización) en terrenos que pudieran ser incendiados intencionalmente con esos fines. Ahora el sostenimiento de la norma acerca inesperadamente al peronismo con el PRO.
Este conflicto refleja la división tanto dentro del oficialismo como entre los bloques opositores, con posturas enfrentadas sobre cómo abordar los incendios y la gestión de tierras afectadas por estos desastres. El debate continuará en el Congreso, buscando equilibrar las necesidades productivas con la protección ambiental.