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26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
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La Justicia falló a favor de un jubilado por el bono extra

Consideró "confiscatorio" el congelamiento. La decisión beneficiaría a todos los que cobran ese monto extra.
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
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El fallo establece que, además de beneficiar al jubilado Varela, el criterio puede aplicarse a todos los que perciben el bono. En concreto, el Gobierno debería reponer la pérdida a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que lo cobran y actualizar el pago para los nuevos beneficiarios de haberes mínimos.

El tribunal señaló, según el fallo que anticipó Clarín online, que el juzgado de primera instancia "deberá establecer de manera concreta la incidencia de la ausencia de incrementos en cada uno de los meses y, en caso de haberse producido merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio, considerando la sumatoria de todos los beneficios percibidos por el actor".

Los cálculos oficiales muestran que el bono de $70.000, actualizado desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, podría haber alcanzado $166.755. La ley recientemente vetada lo fijaba en $110.000. Esto implica que el congelamiento significó una quita de hasta el 57%. Incluso analizando mes a mes, la reducción supera el 15%.

Impacto negativo

La ASAP señaló que la decisión de mantener el bono en $70.000 afectó al 49,5% de los titulares del SIPA, unos 3 millones de jubilados, más 1,5 millón de beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas. Su impacto disminuyó con el tiempo, pasando de representar el 52% del haber mínimo en diciembre de 2023 al 23% en junio de 2025.

CEPA calculó que, mientras los haberes entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 aumentaron un 138%, la mínima con bono solo lo hizo un 91%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono alcanzaría $166.755, más del doble del monto actual. Durante lo que resta de 2025, la quita proyectada sumaría $105.750 adicionales por mes.

El fallo abre la puerta a que otros jubilados presenten reclamos similares, especialmente ante el veto a la ley que fijaba un ajuste mínimo de $110.000. La Cámara advirtió que los decretos que congelan el bono "no pueden generar graves deterioros de la jubilación, ni permitir postergaciones indefinidas de los beneficios, debiendo respetar los límites razonables en la organización del sistema".

 

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