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La Cámara Federal de Casación recibió ayer los escritos de la Fiscalía y de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al multimillonario decomiso fijado en la causa Vialidad, ante lo cual los jueces quedaron en condiciones de resolver si ratifican lo resuelto por el Tribunal que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El fiscal ante el máximo tribunal penal federal del país, Mario Villar, reclamó que se confirme la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que fijó el monto a decomisar en 684.990.350.139,86 pesos de manera solidaria entre la expresidenta y otros ocho condenados.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner reiteró su planteo para que el tribunal suspenda cualquier medida patrimonial que se haya dispuesto sobre sus bienes o se esté por disponer hasta que quede firme en instancias de apelación el monto fijado.
En "breves notas" entregadas a Casación, Villar dio por válida además la forma en que se calculó la actualización a cargo de peritos de la Corte Suprema que tomaron el índice de precios al consumidor.
"El decomiso se trata, antes bien, de una consecuencia jurídica independiente, de carácter propio, cuyo fin preventivo es eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente", sostuvo. Y pidió rechazar el planteo de la defensa de la expresidenta por "extemporáneo" y por haber sido ya resuelto en varias instancias judiciales.
Cometer delitos "no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas", agregó, a la vez que negó que se haya violado el derecho a defensa porque "el decomiso, su monto y su forma de actualización pudieron ser y efectivamente fueron debatidas en los momentos correspondientes".
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reclamó que se suspenda cualquier medida que se pretenda tomar en relación al decomiso hasta que quede firme. Los letrados cuestionaron el monto fijado y el mecanismo usado para calcular la actualización por peritos de la Corte Suprema.
Según un perito de parte, el monto daba 42 millones de pesos y sería menor, incluso, al decomiso dispuesto en 2022, sin actualización y que para la defensa fue "meramente provisorio".
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver en un plazo de cinco días hábiles. Deben decidir si confirman lo decidido por el Tribunal Oral en relación al decomiso o hacen lugar a alguno de los planteos de la defensa de Cristina Kirchner.
Las tesis de Villar
En el dictamen, el fiscal Villar dijo que el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente. Y subrayó que "la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas". Remarcó que la sentencia fue debatida y confirmada en todas las instancias, incluída la Corte Suprema, por lo que "la decisión se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada y es, por ello, intangible". Y sobre la supuesta arbitrariedad en la elección del IPC como índice de actualización, dijo que el tribunal fundamentó adecuadamente su decisión en informes periciales.