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La reconstrucción de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a manos de una banda de narcotraficantes estremece por el sadismo con que actuaron los sicarios, que nos sumerge a los grados más profundos de degradación a la que pueden llegar algunos seres humanos.
Para los salteños, este episodio evoca el martirio de Daniela Guantay, en febrero de 2017, torturada hasta la muerte por un grupo de narcos en un bunker de la ciudad de Salta, y que arrojaron su cuerpo descuartizado a orillas del río Mojotoro. La Justicia de Salta condenó por el crimen a cuatro hombres, una mujer adulta y una menor.
En el caso del triple crimen de la semana pasada, las víctimas fueron trasladadas con engaños desde la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza, en un recorrido de unos 40 km., por avenidas y calles que consideraban seguras, hasta Florencio Varela, a una casa en un barrio periférico donde distribuían droga entre sus dealers y celebraban fiestas clandestinas. Tres hombres y dos mujeres están detenidos, imputados por "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con enseñamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos", y dos supuestos jefes zonales del Conurbano Sur tienen pedido de captura internacional.
La ferocidad y el exhibicionismo de esta masacre evoca a los procedimientos de algunos grupos terroristas, pero su caracterización como "narcoterrorismo" solo corresponde evaluarla a los magistrados.
Este drama expone la vulnerabilidad de los jóvenes de los barrios periféricos frente a los mercaderes de la muerte. Lara Gutiérrez, la víctima de los peores tormentos, tenía quince años y ejercía la prostitución desde los trece. Brenda y Morena eran mayores, pero fueron tentadas con el pago de US$ 300 cada una a cambio de servicios sexuales. Quien organizó la orgía de sangre aún no está plenamente identificado, pero vivía, al parecer, en una de las villas más peligrosas de la Capital Federal. Los sicarios, probablemente, también serían emergentes de la miseria.
También queda en evidencia el entramado del crimen organizado instalado en el inmenso conurbano. No es solo el narcotráfico, sino también la trata de personas sometidas para ser trasladadas a otros países, el contrabando y el tráfico de armas entre bandas delictivas.
A pesar de que la Argentina es un país con bajo nivel de criminalidad en comparación con la media de Latinoamérica, el clima de inseguridad y violencia delictiva se expande en todo el territorio y se manifiesta brutalmente en el Conurbano y en Rosario. El avance de la informalidad crece en la medida en que retrocede el trabajo registrado, el desarrollo productivo y la estabilidad económica; de ese modo, crea un ámbito perfecto para la proliferación del delito.
La inseguridad no debe politizarse, porque el crimen organizado no tiene partido. Es un desafío insoslayable para gobernantes, legisladores y para la ciudadanía en general. Es un peligro para el país, que existe porque sabe infiltrarse en los espacios de poder para construir complicidades y asegurarse libertad de movimientos.
Enfrentarlo es responsabilidad de todos los que conducen el sistema de Seguridad. No se puede cerrar los ojos. El Estado democrático debe adelantarse a los criminales.
Esto no significa alinearse con la militarización que propone el presidente Donald Trump, ni imitar la represión ilegal del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No se trata de una guerra, pero exige optimizar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, de los servicios de Inteligencia (históricamente distraídos en investigar la vida privada de los adversarios del presidente de turno) y erradicar la corrupción en los tres poderes y de todos los estamentos del Estado.