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La Justicia ordenó ayer el allanamiento a dos organismos públicos encargados de la fiscalización de medicamentos y a cinco domicilios privados de funcionarios, con el objetivo de recolectar pruebas sobre "eventuales responsabilidades" estatales en el caso del fentanilo contaminado que ha provocado la muerte de al menos 96 personas en el país.
El juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal N2 de la Plata, ordenó los allanamientos de las sedes centrales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), ubicada en Avenida de Mayo y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que está en la localidad de Caseros.
También ordenó los procedimientos en el domicilio privado de la administradora de la Anmat Nélida Agustina Bisio, cuyo teléfono celular fue secuestrado en el marco de la investigación
De la Iname fueron allanados los domicilios de la extitular Gabriela Carmen Mantecón Fumadó; de la directora de fiscalización y gestión de riesgo, Ana Laura Canil; de la directora de poscomercialización y acciones regulatorias, Mariela Baldut; y del jefe de departamento de inspectorado, Maximiliano Carlos Lalin.
"El objeto de los procedimientos es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado", informaron fuentes judiciales.
La causa judicial por el fentanilo contaminado se inició el 12 de mayo pasado, después de que el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.
El fentanilo, un potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) de al menos una veintena de centros médicos del país.
Estudios posteriores, del Instituto Malbrán, confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, empresas propiedad de Ariel García Furfaro, detenido por la justicia el pasado 20 de agosto.
En su declaración indagatoria, García Furfaro, imputado por el delito de contaminación dolosa de medicamentos con resultado de muerte, negó su responsabilidad en los hechos y denunció que es una conspiración en la que involucra a la competencia farmacéutica, funcionarios políticos y empleados desleales, en contradicción con el material probatorio que acumula la Justicia.
También fueron detenidos e indagados familiares de García Furfaro, así como varios directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo.
No solo la Anmat está en el ojo de la tormenta, sino también otros organismos públicos como el Iname y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.
Asimismo todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados. Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejado información poco depurada, lo que complica más las tareas.