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El decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional que introduce una profunda reforma en el sistema de inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado generó un amplio frente de rechazo que abarca a la oposición política, el movimiento sindical y destacados constitucionalistas. Las críticas coinciden en advertir sobre la falta de control parlamentario, el uso indebido del DNU y posibles afectaciones a derechos y libertades constitucionales.
La Confederación General del Trabajo expresó su "más absoluta oposición y rechazo" a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sostuvo que reformas de esta magnitud deben ser debatidas y legitimadas por el Congreso. En un comunicado, la central obrera advirtió que el decreto habilita "reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas" y deja a la ciudadanía "en una situación institucionalmente crítica".
Según la CGT, el DNU incrementa la opacidad y el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado sin control parlamentario, al declarar todas sus actividades como "encubiertas". Además, alertó que se habilita la detención de personas sin orden judicial y que se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior, lo que, a su entender, implica riesgos de hostigamiento, censura y vulneración de derechos constitucionales.
Críticas opositoras
El rechazo también se expresó con fuerza en el arco opositor. Los cuestionamientos apuntan al DNU 941/2025, que faculta a la SIDE a aprehender personas en casos de flagrancia y redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia. Para distintos bloques, estas disposiciones configuran un avance hacia un "Estado policial".
Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida "clausura la conducción civil de la inteligencia" y crea de hecho una "policía secreta". En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana advirtió que la disolución de los mecanismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una "Guardia Nacional" con funciones de seguridad interior.
Desde el socialismo y la Coalición Cívica, en tanto, señalaron que el decreto abre la puerta al "espionaje político", al definir de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional. Referentes como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón exigieron el tratamiento inmediato del DNU en ambas cámaras para avanzar en su rechazo, al considerar que una reforma de esta sensibilidad no puede imponerse sin debate parlamentario.
Los constitucionalistas
A las críticas políticas y sindicales se sumaron cuestionamientos desde el ámbito jurídico. El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó el uso del DNU y afirmó que la norma no reúne las condiciones de necesidad y urgencia. "Concede facultades extraordinarias al Presidente, entre otras aberraciones", señaló, y reclamó que la Justicia declare su inconstitucionalidad.
Por su parte, Alejandro Gil Domínguez apuntó contra el apartado que habilita tareas de contrainteligencia en el Sector Público Nacional. Advirtió que ese tipo de prácticas remiten a mecanismos de control ideológico propios de etapas autoritarias y representan un serio retroceso en materia de derechos y libertades.
Mientras el decreto sigue vigente, el debate político e institucional se intensifica. Opositores, sindicatos y especialistas coinciden en que una reforma del sistema de inteligencia, por su impacto democrático, debe ser discutida en el Congreso y sometida a controles efectivos, en lugar de ser implementada por decreto. Mientras, desde el Gobierno nacional señalaron que esta normativa está teniendo en cuenta los estándares de seguridad que se maneja en el mundo.
Tibio pronunciamiento del PRO
El PRO se pronunció ayer sobre el decreto del Gobierno con cambios en la SIDE y consideró "imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de la medida.
"Desde el Bloque del PRO conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520", inició el bloque.
En un comunicado, aseguró: "Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva".
"Es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos", indicó la bancada que conduce Cristian Ritondo.