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Subsidios energéticos: el Gobierno fijó los requisitos para conservar la ayuda en luz y gas

El nuevo esquema unifica los beneficios para electricidad, gas natural y garrafas bajo un sistema focalizado, con controles patrimoniales más estrictos y cruces de datos oficiales. Quiénes pueden acceder, qué se evalúa y en qué casos se pierde el subsidio.
Martes, 20 de enero de 2026 09:36
El Gobierno nacional dio el nuevo esquema para el subsidio de luz y gas.
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El mapa de los subsidios energéticos volvió a redefinirse. Con la publicación de una nueva normativa en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó en la implementación de un régimen que busca concentrar la asistencia a los hogares que realmente la necesitan, dejando atrás el esquema anterior de segmentación y avanzando hacia un sistema más focalizado y controlado.

La medida alcanza a los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas, que pasan a integrarse en una única categoría de beneficio denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El objetivo oficial es claro: ordenar el gasto público, evitar superposiciones y reducir el margen de error en la asignación de ayudas.

Para mantener o acceder al subsidio, los hogares deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Según lo establecido, el requisito central es demostrar ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un “Hogar 2”, de acuerdo con los parámetros del INDEC.

La normativa, formalizada a través de la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, aclara que el nuevo padrón se conformará inicialmente con los datos ya existentes del anterior esquema RASE, aunque luego se aplicará una depuración más exhaustiva.

Casos especiales que también acceden

Más allá del nivel de ingresos, el régimen contempla situaciones sociales específicas que habilitan el acceso al subsidio. Entre ellas se incluyen los hogares que cuenten con al menos uno de los siguientes beneficios o certificaciones:

  • Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)

  • Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación de necesidad económica

Estos criterios buscan contemplar realidades estructurales que no siempre quedan reflejadas únicamente en el ingreso monetario mensual.

Controles patrimoniales y cruces de datos

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el fortalecimiento de los mecanismos de control. La autoridad de aplicación podrá rechazar solicitudes o dar de baja subsidios cuando detecte signos de capacidad económica, incluso si el hogar cumple formalmente con el tope de ingresos.

Para ello, se realizará un cruce de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases de datos oficiales. Además, se incorporarán criterios de georreferenciación, que permitirán verificar la coherencia entre lo declarado por el usuario y su situación patrimonial real.

Quiénes quedan excluidos del subsidio

La disposición también enumera de manera explícita los casos en los que el beneficio será denegado, independientemente del nivel de ingresos declarados. Quedan excluidos:

  • Hogares con al menos un automóvil de hasta tres años de antigüedad, salvo que exista un integrante con CUD.

  • Hogares que posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

  • Hogares con al menos un integrante propietario de una embarcación de lujo.

  • Hogares con al menos un integrante propietario de una aeronave.

  • Hogares en los que algún integrante posea activos societarios.

Un cambio de fondo en la política de subsidios

El nuevo régimen marca un giro en la política energética: menos universalidad y más asistencia localizada, con un seguimiento permanente de la situación económica de cada hogar. Desde el Gobierno sostienen que el sistema permitirá una distribución más equitativa de los recursos, mientras que para los usuarios implica la necesidad de revisar su situación registral y mantener actualizados los datos para no perder el beneficio.

La implementación será progresiva y estará sujeta a revisiones periódicas, en un contexto donde el costo de los servicios públicos sigue siendo una de las principales preocupaciones para las familias argentinas.

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