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El Gobierno aceleró al máximo el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El cronograma es ajustado, no está exento de presiones ni negociaciones, y tiene una condición central: no introducir modificaciones al texto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Como ocurrió en la Cámara alta, la mesa política del oficialismo es la encargada de conducir, ordenar y monitorear cada movimiento.
Una de las claves inmediatas es que la vicepresidenta Victoria Villarruel remita el proyecto con media sanción a Diputados a más tardar hoy. Ese envío es el punto de partida formal para activar los tiempos legislativos. Si el plan se cumple, el miércoles próximo se convocará al plenario de comisiones, con la intención de firmar dictamen ese mismo día. Luego, la hoja de ruta prevé sesionar entre el 26 y el 28 de febrero para buscar la sanción definitiva.
El objetivo político es concreto. El presidente Javier Milei quiere llegar al 1 de marzo, cuando encabece la Asamblea Legislativa para abrir el período ordinario del Congreso, con la reforma laboral ya convertida en ley. Se trata de una promesa de campaña, pero también de una iniciativa que la Argentina tiene pendiente desde hace años y que fue reclamada por el Fondo Monetario Internacional como una reforma estructural necesaria.
En la Casa Rosada confían en los tiempos, aunque no descartan extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, víspera de la Asamblea, si fuera necesario para completar el trámite. Todo depende de que el texto no sufra cambios. El oficialismo busca preservar los acuerdos alcanzados con sindicatos, gobernadores y sectores empresarios. La orden es sostener la ley tal como salió del Senado.
Sin embargo, aparecen algunas trabas. El PRO adelantó que insistirá para habilitar el pago de salarios a través de billeteras virtuales, un punto que quedó afuera del texto final. Cristian Ritondo, jefe del bloque de ese partido, fue claro al plantear que buscarán recuperar ese artículo. Aun así, en el oficialismo creen que el bloque dialoguista podría dejar de lado el reclamo.
También crece la presión desde las provincias. Los gobernadores peronistas de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron al Gobierno que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo para analizar el impacto de la reforma en cada jurisdicción. Advierten que la norma tendrá consecuencias laborales, fiscales y de control que exceden el debate parlamentario.