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No es la primera vez que un expediente penal donde se adjudican graves delitos aparejados a la función pública termina derivado hacia al fiscal Guillermo Akemeier, cuya competencia natural debiera circunscribirse a las causas leves (correccionales). En este caso, la propia oficina distribuidora del Ministerio Público orientó la denuncia contra el juez hacia al fuero que atañe a las causas más graves (formal), como la sola lectura del artículo 269 del Código Penal de la Nación -en el capítulo de los delitos contra la administración pública- ordena encaminar.
En similares términos, terminaron archivadas por Akemeier todas las acciones penales presentadas por la compra de los cien colectivos que se adquirieron para Saeta, a fines de 2010, con fondos públicos de la Provincia. El proceso licitatorio ni siquiera cumplió con la obligación constitucional que hace a la publicación de los actos de gobierno y terminó adjudicado a la empresa Tatsa contra todas las advertencias y recomendaciones contenidas en un categórico informe de la comisión técnica que evaluó esa licitación teñida de sospechas de corrupción.
No obstante, en cuestión de horas, el fiscal correccional dictaminó el archivo. Esto ocurre, paradójicamente, en momentos en que desde la Procuración General de la Provincia, cabeza del Ministerio Público Fiscal, se postula la necesidad de perfeccionar en Salta el sistema acusatorio, en el cual los fiscales cumplen un rol preponderante en la tarea de impulsar la investigación de los hechos denunciados, lo que dista de la llamativa propensión al archivo de causas, como quedó demostrado en los últimos meses con todas las causas en las que se pidió investigar a funcionarios y despejar dudas sobre actos de gobierno.
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