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En medio de la polémica por las designaciones en el juzgado que tiene a cargo la demanda del Grupo Clarín por la Ley de Medios, la Corte Suprema de Justicia citó para hoy a los integrantes del Consejo de la Magistratura, a fin de intentar encontrar una salida del conflicto.
El máximo tribunal buscará un acuerdo para definir quién será el juez que resuelva sobre el artículo 161 de la ley, resistido por el grupo de medios, hoy desde las 17.00 en una reunión encabezada por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.
El problema está en la designación de jueces al frente del juzgado Civil 1, que interviene en la causa y que mantiene ocupados tanto al Gobierno como a sectores de la oposición. El diferendo en el Consejo de la Magistratura se registra en momentos en que la Casa Rosada pide la plena aplicación de la Ley de Medios, el próximo 7 de diciembre, cuando espera que el Grupo Clarín tenga que acatar el artículo que establece la desinversión empresaria.
Misión de la SIP
En este escenario, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) evalúa la posibilidad de enviar una misión a la Argentina para abordar el caso, mientras sesiona su asamblea anual en la ciudad brasileña de San Pablo. La Argentina, Venezuela y Ecuador son algunos de los países americanos más hostiles con el periodismo, que es constantemente minado por “maniobras” judiciales, amenazas y violencia, según un informe preliminar difundido hoy. “Son tiempos peligrosos para los periodistas”, afirmó el presidente de la SIP Milton Coleman, del diario estadounidense The Washington Post, al iniciar la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información en San Pablo en el marco de la 68 Asamblea General del organismo, que arrancó el viernes.
En total, 13 periodistas han sido asesinados en 2012 en las Américas y otros dos están desaparecidos, añadió Coleman. En su informe anual, que será sometido a la votación de la Asamblea de mañana, la SIP señaló que en Argentina “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos (...) configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo”.