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“Ayúdenos doctora, nos tienen encerrados y no nos dejan salir ni hablar con nadie”, fue el mensaje que la jueza de Familia 1 de Tartagal, María Vargas, recibió el pasado fin de semana desde el Hogar Divina Misericordia de Aguaray donde la Justicia derivó 18 chicos de diferentes edades en situación de riesgo.
El hogar fue creado hace 15 años y estaba presidido por Beatriz Villarroel, una vecina de la localidad norteña. A mediados de septiembre, la mujer fue desplazada del cargo y obligada a sacar sus pertenencias por orden de la jueza de Familia 2, Ada Zunino, tras la denuncia de una psicóloga que presta servicios en el municipio de Aguaray.
La profesional, Valeria Taboada, aseguró en su denuncia que había comprobado malos tratos hacia los chicos alojados en esa institución.
La mujer se defiende
Consultada por El Tribuno, Beatriz Villarroel recordó que la denuncia de la psicóloga de la Municipalidad entró al juzgado el día 15 de setiembre “y tres días después la doctora Zunino me ordenó que dejara la ONG que yo misma fundé hace 15 años y donde le dimos contención a muchísimos chicos. La jueza nunca me dio lugar a la defensa ni oportunidad de brindar mi versión de los hechos. Solamente ordenó que desocupe la vivienda donde funciona el hogar y que saque mis pertenencias. Lógicamente obedecí la orden, pero mi abogado la recusó porque consideró que se cometieron muchos errores. En mi opinión hay alguna maniobra política, porque después de 15 años no puede ser que me corran y dejen a los chiquitos a cargo de otras personas”.
Agregó que su mayor dolor es la incertidumbre sobre el destino de los chicos. “No tengo estudios, no soy psicóloga y lo único que hice fue darles el mismo amor y la misma contención que le hubiera dado a mis hijos; hubiera preferido que me acusen de ladrona o de cualquier otro delito, pero no de malos tratos a esos niños que tanto necesitan”, expresó.
Recusan a la jueza
El abogado de la mujer desplazada, Roberto Avellaneda Alfonsín, presentó el viernes pasado una recusación a la jueza Ada Zunino y en durísimo escrito la acusó de “tener algún interés directo en el resultado del juicio, ya que la juez resuelve sobre lo que dice solo una de las partes, por lo que la decisión fue a toda luz parcial. La decisión judicial no cumple con el interés superior de los niños que se pretende tutelar ya que se trata de una orden judicial ilegal, arbitraria, innecesaria, desproporcionada, irrazonable y agraviante no solo a la asociación civil y a sus autoridades sino también a los menores ”, expresó el letrado en la recusación.
Un pedido de auxilio
La jueza de Familia, María Vargas, consultada por El Tribuno sobre la situación del hogar de Aguaray, no dio precisiones sobre el tema y solamente confirmó que el fin de semana anterior recibió “un pedido de ayuda de parte de algunos chicos del hogar Divina Misericordia
“Solicité que personal policial se presente en el hogar; posteriormente ordené que una mujer que había quedado a cargo de los chicos sea sacada con la fuerza pública porque se resistía a retirarse y finalmente que personal femenino de la policía permanezca en el lugar para garantizar que los niños no sufran persecuciones ni malos tratos por haber puesto en mi conocimiento la situación”, expresó la magistrada.
Por otra parte, El Tribuno trató de contactarse con la jueza Ada Zunino, pero desde el juzgado a su cargo se informó que la magistrada se encuentra de licencia, al igual que la asesora de Menores, Tatiana Dip, la otra funcionaria del Ministerio Público que tomó intervención en la destitución de Beatriz Villarroel.