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Con el vencimiento esta semana de los plazos establecidos para impugnar los pliegos, la Cámara de Senadores estará en condiciones de prestar el acuerdo para la designación de los cuatro fiscales penales del distrito judicial Centro, propuestos por el Gobierno provincial. Como se descuenta que las 22 voluntades oficialistas que se expresan o guardan silencio en ese recinto, levantarán sus manos para apoyarlos, en los próximos días Gabriela Buabse, Mónica Poma, Pablo Alejandro Rivero y Maximiliano Troyano pasarán a ocupar sus nuevos cargos.
En el tercer piso de las oficinas de Caseros 510, donde de lunes a viernes, de 9 a 13, cualquier ciudadano podía presentar objeciones a los pliegos enviados por Juan Manuel Urtubey, informaron que no se habían recibido cuestionamientos significativos. De manera que pudo respirar con alivio Troyano, el más polémico de los aspirantes, tanto porque obtuvo el promedio más bajo en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura, como por sus polémicas declaraciones siendo ministro de Seguridad, en las que atribuyó a un “exceso de confianza” de las víctimas el abuso sexual sufrido por una turista japonesa en Cafayate, o el manoseo que soportaron turistas francesas en las inmediaciones de un local dedicado a la música folklórica. Y aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, reconoció que “Troyano falló como ministro”, aseguró también que “puede ser fiscal”. Criterio con el que parecen coincidir las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de la mujer y a la violencia de género que, hasta el viernes pasado, si confiamos en la información proporcionada en Caseros 510, no habían presentado “objeciones”.
Puestas las cosas en este punto, conviene detenerse en el jefe de los fiscales, Pablo López Viñals, responsable del concurso, en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura.
El Colegio de Abogados consideró que debió inhibirse de participar en la evaluación, habida cuenta de que sobre doce finalistas, diez eran empleados o funcionarios de la Procuración y algunos de ellos de su estrecha confianza, como Gabriela Buabse, directora del CIF y Mónica Poma, su secretaria letrada.
Además, redactó el cuestionario con las pruebas escritas a las que se sometieron los participantes y participó en las entrevistas que les otorgan 50 puntos, como máximo, sobre un total de 100. Puntaje que normalmente decide el resultado del concurso.
Con gente que le responde ciegamente, según afirman los conocedores del paño judicial, López Viñals habrá colocado una cuña más en su pretensión de transformar el Ministerio Público, si dependiera de su voluntad, en una suerte de Superpoder capaz de violentar con sus procedimientos, las más elementales garantías y derechos individuales consagrados por la Constitución.
Se lo permiten las ambigedades y lagunas que contiene el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, y las convicciones ideológicas que se desprenden de las resoluciones que ha tomado desde que fue designado por el gobernador Urtubey.
En la Ciudad Judicial dicen que a la derecha de López Viñals está la pared. Nunca fue juez o ganó un concurso para acceder a la magistratura y atribuye esto a que fue postergado sistemáticamente.
Extrañamente locuaz en privado, el Procurador tiene en público una actitud reservada y de bajo perfil. A pesar de que su cargo lo obliga a “informar a la opinión pública en los asuntos de interés general que intervenga la fiscalía”.
Algunos abogados dicen que lleva en su mochila una suerte de cóctel explosivo, en lo que hace al equilibrio, la prudencia y la mesura que debiera tener un magistrado:
1) Afirma a quien lo quiera escuchar, que tiene suficiente dinero como para no depender del sueldo que le corresponde;
2) No está a tiro de decreto del Gobernador y aseguró en su momento ante algunos miembros de la Comisión de Justicia del Senado, que venía a ejecutar una especie de “venganza privada”.
No era la primera opción de Urtubey para ocupar el cargo de Procurador. Antes que a él sondearon a un juez de la Corte y a un camarista que declinaron el ofrecimiento por distintos motivos.
Cuando le llegó el turno, López Viñals, luego de pasar con altísimas calificaciones el “test de romerofobia”, se entregó en cuerpo y alma a lo que considera “su misión”. Misión que ha recibido numerosas críticas del Colegio de Abogados de Salta y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, luego de que emitiera la célebre Resolución 133. En el art 4 de la misma sostiene que “el departamento de investigaciones fiscales se integrará con personal capacitado para realizar tareas de inteligencia. (..) Recolección de datos, identificación de testigos, verificación y constatación de lugares y averiguaciones varias (sic)”. La firmó el 14 de mayo de 2010 y no fue publicada en el boletín oficial.
Su candidato a ocupar la jefatura de ese departamento era el subcomisario Gabriel Giménez. López Viñals sorteó por poco el riesgo de ponerlo al frente de las “tareas de inteligencia”. Pocos días antes de concretarlo, Giménez fue detenido transportando un cargamento de drogas. Afirmó ante el juez que lo interrogaba, entre otras revelaciones, que intervenía teléfonos de políticos y periodistas por orden de personal dependiente del Gobierno provincial. Y que tenía pruebas para demostrarlo.
Se desconoce si al comisario Di Pauli, finalmente contratado por la Procuración ante el traspié sufrido por Giménez, le han advertido que no lo haga. Aunque por teléfono, son pocos los políticos y periodistas que hablan de cosas importantes. Por las dudas, vio.