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La justicia no es algo que pueda negociarse o discutirse, es algo que debe respetarse y acatarse sin ningún tipo de excepción. Iniciar conversaciones con los autores materiales del atentado más sanguinario de la historia argentina no hace más que deslegitimar parcialmente el lento avance que la causa tuvo hasta ahora. Más aún, si se tiene en cuenta que ese diálogo fue rechazado de plano por los familiares de las víctimas y por los representantes de la comunidad judía, la principal afectada por la barbarie que dejó 85 muertos.
El gobierno iraní actuó en todo momento como la principal traba para el esclarecimiento del atentado a la AMIA. No solo desconoció su probada participación en el ataque, sino que se negó sistemáticamente a extraditar a los ocho funcionarios que tienen pedido de captura internacional. Esa negativa es la que permite que 18 años después del atentado no haya ni un solo detenido por la masacre.
Si el Gobierno argentino pensaba que sentarse a debatir con un régimen que ni siquiera admite la existencia del Holocausto podía traer resultados positivos, esa visión parece como mínimo inocente.
¿Qué más queda por hablar con gente sigue negando lo que la justicia argentina ya probó? Un atentado terrorista no es un conflicto bilateral que deba involucrar a la diplomacia, es un baño de sangre que debe resolverse en los Tribunales.