inicia sesión o regístrate.
El gobernador Juan Manuel Urtubey puso su firma y vetó la ley que la Legislatura había aprobado semanas atrás, para poner un freno a las empresas de telemarketing que se comunican a los teléfonos fijos y los celulares para ofrecer o vender productos.
El mes pasado, se había completado el tratamiento y sanción en ambas cámaras legislativas de la norma “para proteger a los consumidores” de los llamados que muchas veces los usuarios reciben en momentos inoportunos.
Sin embargo, el mandatario indicó, en los fundamentos de su veto, que a “partir de la presunción de que nadie desea ser contactado, se atenta contra el ejercicio de una actividad comercial lícita establecida en la Constitución Nacional”.
El proyecto establecía la creación de un registro de “Autorizo Llamadas”. A través de este, se proponía que cada persona manifieste su decisión de recibir promociones y ventas de parte de empresas a través de la telefonía. Los que no estaban en esa lista, no podían ser el blanco de las firmas de telemarketing.
Hasta se había fijado sanciones económicas, de $500 a $1.000, para aquellas empresas que violaran las nuevas reglas.
En el documento se expresaba que la mitad de las multas serían destinadas al consumidor y el resto a un Fondo Especial a crearse en la Secretaría de Defensa del Consumidor con el fin de solventar actividades de prevención.
En el Boletín Oficial del viernes pasado, Urtubey oficializó el veto total y argumentó que la “actividad de telemarketing se inscribe en el derecho de trabajar y comerciar reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional”.
También sostuvo que la norma sancionada por los diputados y senadores salteños, solo puede alcanzar a las empresas con asiento principal o filial en la provincia, pero no infiere en las firmas radicadas en otras provincias y que escapan al control de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Es que el negocio no tiene límites políticos y un vendedor telefónico puede llamar a un salteño desde Tierra del Fuego e incluso de otro país.
Urtubey consideró que esta “situación generará una clara desventaja para las empresas radicadas en Salta”, mientras que las otras “gozarán de una ventaja competitiva adicional”.
Miles de salteños son bombardeados a diario por llamadas de bancos que ofrecen tarjetas de crédito, de compañías de celulares, y de otros rubros. En el veto, Urtubey señalo que el Congreso Nacional ya intervino en la problemática impulsando un régimen de protección de los usuarios de este tipo de prácticas. El proyecto ya tiene media sanción del Senado nacional.
“La entrada en vigencia de la ley generaría, eventualmente, una superposición normativa inconveniente para la defensa del consumidor, por contemplar ambas regulaciones criterios muy distintos”. Además cuestionó el sistema de “indemnización” al consumidor afectado, que recibiría el 50 por ciento de la sanción aplicada a la empresa. “Al tratarse de una indemnización tarifada, no sería resorte de la Legislatura provincial ya que se trata de materia civil, competencia del Congreso Nacional”, sentenció el mandatario.