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Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, en la que hubo 51 muertos y más de 700 heridos, acusaron ayer a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de “lavarse las manos ante el reclamo de subsidios para los accidentados que no pueden conseguir trabajo por las discapacidades sufridas”.
Además, en un acto en la terminal porteña de trenes de la línea Sarmiento a nueve meses del choque, advirtieron que, para que no ocurra otro “22-F”, se debe castigar desde la Justicia a la corrupción y, en ese sentido, insistieron con el pedido de la figura de “asociación ilícita” para los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
También volvieron a pedir la revocatoria del desprocesamiento para el exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Eduardo Sícaro.
“El Ejecutivo provincial y el nacional se lavan las manos ante el pedido de subsidios para las personas que no pueden conseguir trabajo por las discapacidades sufridas en la tragedia de Once”, acusó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, cuyo cadáver fue retirado de la formación que chocó el 22 de febrero 48 horas después de la colisión, en una búsqueda cuestionada. La mujer leyó un texto consensuado entre todos los familiares de las víctimas de la tragedia de Once luego de que otra mujer hiciera sonar una sirena a las 8.32, hora en la que ocurrió el choque contra uno de los paragolpes de la estación.