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Un hecho sin precedentes se registró en la Municipalidad de Rosario de la Frontera cuando salió a la luz un fallo de la Justicia que dispuso multar a la intendenta Rómula Gómez de Montero con $ 300 diarios por cada día de retardo en que no se reintegre al agente municipal Gustavo Raúl Elvira, secretario del Interior de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
El conflicto se inició en el año 2009 cuando Elvira ejerció la defensa de la exjefa de Personal de la comuna, Juana Lobo, quien había sido trasladada a la Dirección de Tránsito. Hoy trabaja en el Hogar de Ancianas.
“Recuerdo que intervine como gremio y a los pocos días recibo una resolución del Ejecutivo municipal en la que me niegan la licencia gremial y me debo presentar a trabajar. Presenté un recurso de reconsideración que fue rechazado en todos sus términos por la intendenta por lo cual me deja de pagar el sueldo que percibí hasta septiembre de 2009”, explicó a El Tribuno Gustavo Elvira.
Manifestó además que presentó otros recursos, pero también fueron negados y esto dio paso al juicio que finalmente ganó. “En primera instancia la Justicia falla en mi contra, por lo que apelé ante la Corte de Justicia y con un fallo ejemplar y unánime me dio la razón”.
El fallo
La justicia estableció que la Municipalidad de Rosario de la Frontera debe pagar al gremialista todos los salarios caídos más intereses desde octubre de 2009.
También ordena que Elvira sea reintegrado en forma inmediata y a la vez se le otorgue la licencia gremial en un plazo de 48 horas más dos días por razones de distancia. Pero la intendenta hizo caso omiso a la orden judicial.
La Justicia tuvo que librar otro oficio con un plazo de 48 horas para que cumpla, pero como la vez anterior Rómula de Montero volvió a desconocer la medida judicial.
El estatuto
Cabe mencionar que el artículo 81 del Estatuto del Empleado Municipal dice que “todo agente, por ocupar un cargo gremial o sindical, tiene derecho a gozar de una licencia gremial retribuible por el Estado mientras dure su mandato”.
Con fecha 12 de noviembre de este año, el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo a cargo de Silvia Longarte, y la secretaria interina María Lorena Quinteros, emitieron un oficio a través del cual se impone una multa de $ 300 diarios por cada día de retardo en acatar la orden judicial, monto que se descontará del sueldo de la jefa comunal y será destinado a favor del hospital “Melchora Figueroa de Cornejo” como aporte a la comunidad.
Este fallo tiene jurisprudencia en el municipio de la ciudad de Salta sobre un caso similar de 1997.
“Es una persona intolerante”
Por otra parte, Gustavo Elvira describió que la intendenta rosarina “es una persona de trabajo, pero muy caprichosa e intolerante”.
El dirigente gremial no dudó en señalar que hay atropello por parte de la jefa comunal a los empleados municipales.
Igualmente dijo que “hoy el empleado tiene miedo de acudir al gremio y prefiere tener una sanción por algunos días, aún sabiendo que le perjudica el salario o el presentismo”.
Elvira sostiene que “hoy más que nunca sería importante constituir una junta de calificación y disciplina por los atropellos del Ejecutivo municipal y porque cada vez que el empleado es suspendido no acude al gremio por miedo a represalias de parte de la intendenta”.
Finalmente Gustavo Elvira adelantó que el próximo jueves 28 de noviembre habrá una audiencia de mediación con la Municipalidad “solamente para arreglar la parte monetaria de los salarios caídos y el daño y perjuicio que me ocasionaron, que junto a las costas del abogado defensor oscilaría una suma cercana a los 500 mil pesos por los tres años de lucro cesante”.