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Tras la movilización extraordinaria de anoche, que se extendió por casi toda la geografía argentina, ahora se multiplicarán los debates acerca de cuánta gente salió a la calle y el número crecerá o disminuirá de acuerdo con las simpatías de quien calcula. Fuera de cualquier debate, la realidad es que se trató de una contundente expresión ciudadana.
Si se rebusca en la historia, la única manifestación política comparable en magnitud con la del 8N es la del 20 de junio de 1973, cuando se produjo el regreso de Juan Perón desde el exilio. Pero la comparación no es válida, porque aquella fue la convocatoria de uno de los mayores líderes carismáticos que se recuerden, producida en circunstancias agónicas para el país, y esta es la protesta de enormes sectores urbanos, luego de nueve años de kirchnerismo y de bonanza económica.
Fuera de la anécdota, no es aconsejable referenciarnos en el pasado.
Hay un dato que ningún dirigente ni analista debe pasar por alto, so pena de una interpretación peligrosamente errónea: nadie puede sacar a la calle cientos de miles, o quizá más de un millón de personas, con mensajes digitales y con fines inconfesables. Estas multitudes solamente salen cuando están muy enojadas por cuestiones que afectan a su inteligencia, su corazón y su bolsillo. Las peroratas del periodismo rentado por el oficialismo solo sirvieron para convocar a más y más gente, porque a nadie le gusta que lo tomen por tonto.
Negar la inflación, dividir a la sociedad entre santos y réprobos, practicar el culto a la personalidad, dibujar la historia, adulterar toda la información, convertir el proyecto común en un relato fantástico, presionar a la Justicia y subordinar al Congreso son conductas que integran un manual político que tiene un límite. El 54 por ciento de los votos da legitimidad de origen a un Gobierno, pero si el gobernante olvida que la Ley debe ser duradera y universal para que sea legítima y que el intérprete de la Ley y la Constitución es el Poder Judicial, el sistema institucional se erosiona.
El mensaje de la ciudadanía en la calle es claro para quien quiera entenderlo. Pretender darlo vuelta es una vana práctica ideologizante.
El Gobierno deberá rever, entre otras cosas, su voluntarista decisión de poner a jóvenes sin currículum como próceres de un proyecto difuso y ahora cuestionado. Y tendrá que revisar si conviene descalificar con categorías anacrónicas y de perseguir con el aparato del Estado a los que critican u opinan distinto.
Pero no solo el oficialismo debe ejercer la autocrítica. La mayoría de los cuestionamientos que la gente movilizada dirige al Gobierno rebotan en los opositores. En el Congreso, el kirchnerismo impuso siempre su voluntad. Las estatizaciones de las jubilaciones, Aerolíneas e YPF, la Ley de Medios, el matrimonio igualitario, los cambios en el Banco Central, las leyes de emergencia, los presupuestos... todo pasó como si fuera un trámite.
Muchas veces, demasiadas, la ciudadanía siente que al Gobierno le gusta ejercer el poder y lo hace a destajo, pero que a los opositores les resulta cómodo oficiar de “partenaire”.
La movilización de ayer supone un cuestionamiento al populismo. Argentina no es Venezuela ni Cristina es Chávez, pero existe una cultura política proclive a los liderazgos fuertes, al “decisionismo”, al pragmatismo. La dirigencia argentina sigue mostrándose sensible a la discursiva nacionalista, aunque sea mera cosmética. En general, prevalece el escozor al momento de reivindicar el potencial modernizador, socialmente inclusivo y progresista de la empresa privada. Se sigue interpretando la historia dividida entre buenos y malos, donde Evita y Guevara son intocables y Roca es un réprobo, aunque no se sepa muy bien las razones de uno u otro juicios. ¿No será la hora de mirar al pasado como una realidad que fue y dejar de encubrir con falsas antinomias la ausencia de proyectos y modelos?
La movilización de ayer fue clara: hay un reclamo masivo y contundentes de certezas para el futuro. Y el futuro, por cierto, es el gran ausente de nuestros debates políticos.