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La historia de la deuda argentina tiene aristas interesantes que acompañaron un complejo proceso de reestructuración, desde el momento de la estrepitosa caída en 2001 cuando entró en default por cesasión de pago de capital e intereses. Por esos días el país decidió no pagarla, llegando a la exaltación y al clima triunfalista, creyendo que los mercados se iban a olvidar. Sin embargo, el escenario se transformó sustancialmente perdiendo la Argentina la oportunidad de acceder a los mercados internacionales, -antes de la crisis mundial-, con tasas mucho más bajas. Mientras países de la región aprovechaban la bonanza del momento, el país se alejaba cada vez más de los centros financieros internacionales.
El repaso de la historia de la renegociación de la deuda pública argentina en 2005 muestra una reestructuración de volumen inédito a nivel mundial, US$ 81.800 millones (ver infografía) en bonos más otros US$ 21.000 millones en intereses también en default. Para encontrar ejemplos similares habría que buscar los casos de Ecuador (US$ 6.500 millones), Uruguay (US$ 4.000 millones) y Rusia (US$ 30.000 millones).
Cabe destacar que en 2001 la deuda total ascendía a US$ 144.000 millones (un monto que venía desde el pasado y nunca pudo ser transparentada) y en tan sólo tres años se proyectó a US$ 178.000 millones. En esos momentos Néstor Kirchner efectuó una reprogramación con todos los organismos financieros, quedando US$ 81.800 millones en default en manos de acreedores privados, más los intereses.
En 2004, la Argentina propuso a sus acreedores renegociar con una quita de entre un 63% y el 45% sobre el valor nominal de la deuda (contra un 75% ofrecido en 2003, pero duplicando los intereses). En ese momentos los acreedores debían elegir entre bonos para 2038 o bonos descuento a 2033.
Eran épocas de intensas negociaciones y recién a partir del canje realizado en el año 2005, la deuda pública dejó de convertirse en un descomunal “problema” para el fisco o, al menos, pasó a representar un aspecto más bien manejable con los niveles de superávit fiscal que venía obteniendo el gobierno.
Con idéntica política se insistió en 2010, cuando Amado Boudou encabezó el equipo para monitorear el nuevo canje de la deuda. Estaban en juego US$ 18.300 -que habían quedaron sin entrar en el canje anterior- otras fuentes consideran que la cifra llegaba a US$ 20.000 millones, otra vez con una quita del 66,3%, entregando como contrapartida, Bonos Discount y Bono Par. Todo marchaba sobre rieles, sin embargo, con la pérdida progresiva del ahorro fiscal de los últimos años, sumada a la imposibilidad por colocar bonos en el exterior a raíz de los malos antecedentes, el pago de los servicios de la deuda volvieron al centro de la agenda de política económica y de que manera: de la mano de los distintos “fondos” que no habían querido arreglar.
La deuda que entró al canje en 2010 estaba repartida de la siguiente manera: US$ 2.000 millones en fondos hostiles, fondos buitres sin quita; US$ 4.000 millones en acreedores de Italia, Alemania y otros países US$ 1.700 millones en inversores minoristas y US$ 11.300 millones en poder de fondos hedge funds, bancos y otros inversores institucionales. Los hedge funds tienen un altísimo apalancamiento porque invierten el dinero de sus clientes pero casi sin respaldo internacional. La mayoría de estos fondos son de naciones con grandes excendentes, particularmente exportadores de petróleo, con participación de empresas que no cotizan en Bolsa. Más allá de la aceptación de la propuesta, el nivel de dispersión y desorganización entre los acreedores carecía de precedentes, todo agravado por la falta de un mecanismo multilateral que facilitara una reestructuración semejante. Se habló de 700.000 tenedores particulares e institucionales de 152 tipos de bonos en default, en siete monedas y bajo ocho jurisdicciones. Y sobrevolando, fondos buitre como el EM, de Kenneth Dart, y el NML, de Paul Singer, empecinados en conseguir más que cualquier acuerdo del Gobierno con sus acreedores. Los fondos buitres compran títulos de deudas por centavos a naciones en desgracia para cambiarlos judicialmente por millones que ni el paso del tiempo puede detener. La estrategia, en ese campo se repite una y otra vez, en este caso amparados por un juez, -molesto por la soberbia de los funcionarios argentinos- que le dio vía libre a la demanda, aunque sea por US$ 1.330 millones, una parte significativa de los US$ 12.212 millones que todavía siguen en default.