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Tras el análisis que hizo por la investigación iniciada, el juez Federal Nº 2, Miguel Medina, decidió procesar a tres particulares y tres ex funcionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados son José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el ex secretario de Ambiente Sebastián Varela, el ex titular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la ex asesora legal del desaparecido Ministerio, María Ángeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juez Medina dictó también la falta de mérito sobre la ex secretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien se encontraba encarcelado desde hace 10 meses por esta causa. Vázquez junto a Yáñez fueron quienes se presentaron al banco a fin de abrir una caja de ahorro para recibir los 206.659 pesos en concepto de un proyecto ambiental aprobado para las 3.566 hectáreas de la finca El Totoral.
Julio Chávez es el abogado que operaba como consultor ambiental y sería quien elaboró el proyecto para finca El Totoral, por lo cual, para los considerandos del juez, tendría intervención activa en la tentativa de fraude a la administración pública.
En tanto que los tres ex funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Sebastián Varela, Juan Carlos Godoy y María Ángeles Finetti, están acusados de incumplir con sus deberes de funcionarios, por la falta de controles evidenciada, por ejemplo en el hecho de que en la cédula parcelaria del Totoral figuran 3200 hectáreas, en tanto que en el proyecto aprobado, donde los montos se asignan según hectáreas, figuran 3566.
Los antecedentes
Este hecho se produjo cuando Francisco López Sastre era Ministro de Ambiente de la Provincia. En aquella oportunidad un joven se presentó en el banco Macro a cobrar el dinero del fondo pero presentó un documento de identidad de un hombre de más de 80 años. El cajero, de rutina, hizo investigar el DNI y se dio con que la persona estaba aportando datos falsos.
Por este tema López Sastre fue citado a la Legislatura pero nunca pudo convencer a los legisladores de que su accionar había sido el correcto.
Luego, ante la inacción oficial para gestionar los mil millones de pesos que a la Provincia le correspondía recibir por el fondo de la ley de bosques en 2011, los mismos productores amenazaron con demandar a la Nación.
Recién entonces hubo algunas gestiones de López Sastre por esos dineros, lo que llevó a que Nación enviara apenas 100, o sea un 10% del total a percibir. Y, para colmo, de esos fondos sólo se tiene noticias o pruebas de que se ejecutaron no más de 43 millones. Del resto, nadie sabe nada.