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La ley 25.471, con la que se ordenó la indemnización en el 2002, reconoció los legítimos derechos accionarios de los que se privó a casi 37.000 trabajadores luego desvinculados de YPF, pero el decreto con el que se reglamentó la reparación por la propiedad participada en 2003 fijó, pasando por alto el valor de mercado de las acciones, un monto promedio de $23.728 para cada agente.
Por necesidad, muchos aceptaron el pago ofrecido, pero otros rechazaron la suma por arbitraria e insistieron con sus demandas en la Justicia, donde una cantidad no determinada de causas aún tiene resoluciones pendientes.
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