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Casi maratónica fue la sesión que los concejales llevaron adelante ayer, cuando trataron el proyecto que insta al Ejecutivo municipal a implementar medidas para combatir la trata de personas y en pos de ello, derogó la ordenanza 140 (sancionada en 1927) de modo que quedaron prohibidos los prostíbulos y casas de tolerancia en la ciudad de Salta.
Los ediles reiteraron el pedido de que se sancionen todos aquellos espacios donde se ejerza la prostitución y la explotación sexual. Cuando entre en vigencia, serán sancionados los lugares que lucren con servicios sexuales.
El proyecto, de autoría de la concejal Frida Fonsecas, insta además, a la Municipalidad de Salta difunda formas de prevenir la trata de personas y a que ponga en marcha el marco del convenio de cooperación institucional firmado con la Provincia y la Nación en octubre de 2011 contra la explotación sexual.
Si bien muchos concejales consideraron que el proyecto es meramente declarativo, y que no contiene las herramientas necesarias para poder combatir la trata, decidieron apoyarlo luego de largas y reiteradas discusiones.
Quienes se opusieron al proyecto fueron los ediles del Partido Obrero, que levantaron un debate extenso al minimizar el alcance de la medida.
Incluso, la concejal Gabriela Serrano acusó al municipio por inacción e indiferencia, lo que le valió el repudio de parte de la concejal Silvina Avilés, que rechazó lo dicho y acusó al PO de realizar declaraciones sin fundamentos y de oponerse a todas las iniciativas que se presentan en el cuerpo. Quién también se mostró dudoso ante la efectividad de la ordenanza fue el concejal Pérez Estrada que dijo: “soy escéptico. La municipalidad no necesita de este proyecto para controlar el problema. Pero igual lo apoyamos porque cada medida que es favorable a la lucha contra la trata de personas es un avance”.
Reclamo de vecinos
Dada la extensión del debate, los concejales aprobaron un cuartointermedio y retomar la sesión el próximo miércoles. Entre los motivos de la demora de la sesión, además del proyecto en cuestión, se encuentra el pedido que realizaron unos vecinos del barrio Nuestra Señora del Carmen, quienes pidieron a gritos a los concejales desde los palcos, que desalojen a unas diez familias que usurparon un terreno en el cual las seiscientas familias del barrio quieren levantar una plaza en el espacio que hoy es un baldío.